Cambios que no convienen en la Emru

El gobierno de Cali acaba de presentarle al Concejo del distrito una propuesta controversial que busca ampliar el objeto de la Empresa de Renovación Urbana (Emru). Esta entidad nació con el propósito de revitalizar en forma expedita zonas de la ciudad deprimidas, impactadas por cambios urbanos desfavorables. Pero lo que se quiere ahora bajo el marco estatutario propuesto es que la empresa haga tareas diversas como son la elaboración de diseños, consultorías, asesorías, interventorías, explotación del espacio público, ejecución de obras civiles y arquitectónicas, intermediación en negocios inmobiliarios, etc.

Llama la atención que a esta entidad de recursos limitados, afectada por la fragilidad administrativa, carente de un cuerpo profesional estable, se le abra la puerta para incursionar mediante contratos y convenios interadministrativos en campos que deberían reservarse a empresas y profesionales especializados de la ingeniería, la arquitectura y afines.

Al final del primer mandato de Ospina, la Emru se vio vinculada a algunas investigaciones. Una de ellas fue adelantada por la Personería y tuvo origen en posibles irregularidades cometidas al suscribir treinta y cuatro convenios por un valor total de $81.000 millones. Otra indagación fue realizada por la Procuraduría General.

Los cargos partían del uso frecuente de convenios interadministrativos los cuales permiten eludir trámites licitatorios orientados a dar transparencia. También fue motivo de reparos la aplicación de tales convenios para obras públicas, una posibilidad descartada por la ley y la jurisprudencia. Además se plantearon dudas sobre las capacidades de la entidad.

Con el tiempo la situación pareciera no haber cambiado. La Emru no ha sido fortalecida, su planta se conforma en buena parte de empleados temporales vinculados por prestación de servicios, circunstancia indeseable para una organización llamada a conservar conocimientos y memoria sobre los sensibles asuntos urbanísticos. Tampoco ha logrado convertirse en interlocutor válido frente a otras dependencias de la administración. Propuestas convenientes como el desarrollo de parqueaderos subterráneos bajo las zonas de equipamiento siguen sin resolverse.

Cierto es que hay avances en algunos de los frentes de acción, pero se trata de aquellos confiados a la institucionalidad privada, tal como sucede con las iniciativas a cargo de la Alianza para la Renovación Urbana.

Cualquier observador desprevenido se planteará aquí ciertas inquietudes: si la Emru no ha logrado culminar proyectos prioritarios que dieron pie a su creación; si afronta limitaciones para cumplir su misión presente; si carece de recursos técnicos en actividades distintas a las hoy asignadas, ¿cuál es el afán de convertirla en proveedora de servicios en campos reservados a los particulares, como son el comercial y el inmobiliario? ¿Acaso no se multiplican así los caminos para las contrataciones sin licitación, a través de los tristemente célebres convenios interadministrativos?

Los concejales socios de la coalición de gobierno no pueden quedarles mal a sus conciudadanos. En el actual estado de cosas y considerando las razones mencionadas es injustificable ampliar el objeto social de la Emru. Esta ciudad adolorida reclama normas que garanticen una gestión pública eficaz y transparente.

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