Cali: Frankenstein urbano

La opinión caleña se encuentra conmocionada ante el daño o demolición de algunas edificaciones tradicionales, las cuales gozan de protección como hitos de la ciudad. El malestar se ha hecho más contundente por que en varios casos, como es el del Hotel Aristi, ni siquiera se tramitaron los permisos para adelantar las intervenciones. La verdad es que en Cali desde tiempo atrás se arrasó, con el patrimonio arquitectónico. Ya a finales de los años 60 y sin criterio alguno se tiraron al suelo casas solariegas y edificios públicos tradicionales; se alteraron vías y alamedas; se construyeron esperpentos hasta consolidar un verdadero frankenstein urbano. Mucho hemos alabado los beneficios de los juegos panamericanos, pero nadie se ha detenido a analizar algunos de sus costos colaterales, como aquel de dañar para siempre nuestro perfil urbano de ciudad armónica, apacible y de buen clima. Como locos pensamos entonces que todas las alteraciones físicas de la ciudad eran válidas en nombre de progreso, sin realizar que estábamos haciéndole un daño irreparable a la calidad de vida, lo más importante que como urbe podemos ofrecer.Es cierto que en los años 80 vendrían el narcotráfico y las mafias con sus intereses en el sector inmobiliario, su pasión por lo lobo y ostentoso, su capacidad de corromper funcionarios. Pero la cimiente del desastre, ese “todo vale contra Cali” en lo urbanístico, ya estaba plantada desde años antes. Fue por la época en que permitimos derruir el Batallón Pichincha, el Club de Tenis, la Casa Otero, el Hotel Alférez Real y el antiguo Club Colombia para levantar entre otros el CAM, el Palacio Rosa, el parqueadero de Santa Librada y Los Edificios.A principios de este siglo, cuando ya era tarde y los efectos de la devastación notorios, el municipio reaccionó. Se protegieron muchísimo inmuebles por su valor histórico o cultural. Pero se depositó en los propietarios toda la responsabilidad de la conservación, sin entender que se trataba de un asunto de interés general el cual requería aportes del estamento oficial.Es precisamente por esta falencia del municipio que los propietarios de bienes protegidos están en el peor de los mundos. No pueden alterar sus inmuebles para buscar una utilización racional. Si logran el permiso tras dilatados trámites, tendrán que incurrir en onerosas erogaciones para implementar las disposiciones sobre sismicidad. Mientras tanto deben pagar impuestos prediales y de patrimonio, y garantizar la estabilidad y presentación de las propiedades. Además si la edificación se encuentra en el centro de Cali, seguramente tendrán que vérselas con infinidad de vendedores ambulantes que limitan de forma grave la posible vocación comercial del predio. Esta conjunción de desgracias es la que explica la cantidad creciente de edificaciones abandonadas. Los dueños de esos cadáveres inmobiliarios esperan confiados que el tiempo haga su oficio y los eche por tierra.Si se quiere salvar el patrimonio arquitectónico y urbanístico caleño, es necesario impulsar una política integral. Esta tendría que incluir aspectos como la reducción de los impuestos predial y de patrimonio, la creación de un Fondo Municipal de Adaptación que financie las adecuaciones requeridas y una estrategia social para organizar a los ambulantes, quienes día a día luchan por sobrevivir.