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Alcaldía, confianza y marchas

En el propósito de garantizar la protesta no se necesita permitir catorce marchas cuando dos o tres serían suficientes, y no es admisible el taponamiento de los puntos de entrada a la ciudad que deben ser sagrados.

22 de noviembre de 2020 Por: Vicky Perea García

Cuando Jorge Iván Ospina fue candidato a la alcaldía por segunda vez, cargaba el lastre de las dudas con relación a su desempeño previo en la Administración Municipal. Las megaobras inconclusas, las contribuciones de valorización cobradas y no invertidas, los ‘guardas cívicos’ costosos e innecesarios, las investigaciones penales en la Fiscalía y las indagaciones de la Procuraduría, le arrojaban un manto sombrío.

Sería de esperar que ante circunstancias como las mencionadas el ya reelegido alcalde se empeñara en rescatar la credibilidad y generar confianza entre los ciudadanos. Máxime tratándose de un político experimentado quien exhibe condiciones personales de creatividad y arrojo, y en cuyos planes personales se encuentra acceder a las más altas dignidades del Estado.

Pero algunas señas que se están dando en el nuevo mandato son preocupantes, van en contravía de la construcción de confianza. Como lo decía ayer este diario, no es aceptable que se estén reduciendo los recursos para la seguridad ciudadana. Cali afronta uno de los peores momentos de su historia en materia de falta de garantías para la vida y bienes de los habitantes. No hay un solo espacio de la ciudad a salvo de las mafias y pandillas. ¿Quién entiende que sea en estas circunstancias cuando se quitan recursos para el apoyo a la Fuerza Pública, el mantenimiento de las ya averiadas cámaras de seguridad y la operación del helicóptero Halcón?

Las finanzas públicas son vasos comunicantes, de manera que los recursos restados a una solución sentida pueden ir a otros frentes menos importantes. ¿Cómo es posible entonces que mientras se disminuyen fondos para la seguridad se anuncien recursos multimillonarios para una feria sin público o para inversiones suntuarias en el Pascual Guerrero?

Ni siquiera está claro si la Universidad del Valle, dueña del estadio, aprobó esas inversiones cuyo monto tendrá que reintegrar la institución educativa al concluir el contrato de comodato que hoy permite el uso del escenario por parte del municipio. Ojalá el Rector universitario se pronuncie en esta materia y dé a conocer las condiciones bajo las cuales se están aceptando aquellas obras.

Para mayor alimento de la desconfianza tampoco se entienden los criterios con los cuales la Alcaldía viene autorizando las concentraciones y marchas vinculadas al denominado ‘paro nacional’, una práctica que afecta derechos fundamentales y que es repudiada por dos tercios de los colombianos. No es que falten motivos para las expresiones de protesta social, pero el paso del tiempo está dejando ver que ‘el paro’ es tan solo una estrategia de ciertos sindicatos para que Gustavo Petro pueda anticipar y mantener su agenda de promoción electoral.

En el propósito de garantizar la protesta no se necesita permitir catorce marchas cuando dos o tres serían suficientes, y no es admisible el taponamiento de los puntos de entrada a la ciudad que deben ser sagrados. Tampoco es aceptable que se faciliten las concentraciones en los sitios donde más daño se hace a la gente necesitada de trabajar, estudiar, aprovisionarse o recibir tratamiento médico. Una posible explicación rueda como pólvora. Según esta versión el Gobierno Municipal desea ayudarle a la Colombia Humana para que construya la imagen de una fortaleza, y una popularidad de las cuales carece. ¿Será cierto?

Sigue en Twitter @antoderoux