Justicia y honor militar

Justicia y honor militar

Febrero 13, 2012 - 12:00 a.m. Por: Álvaro Valencia Tovar

Lo acaecido con el fallo de segunda instancia del Tribunal de Bogotá, pone de presente la ninguna consideración que el honor militar le merece a los magistrados, que desdeñaron la ponencia del tercero, escrita después de un cuidadoso estudio del expediente por los hechos acaecidos en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Sin entrar al análisis de la injusticia cometida por los funcionarios que fallaron en primera instancia, la subvaloración del honor militar implícito en la condena al alto mando militar de pedir perdón en la Plaza de Bolívar por delitos no comprobados, atribuidos a los comandantes ejecutores del rescate heroico de la Casa de los Jueces tomada por la agrupación terrorista del M-19 que la asaltó a sangre y fuego para juzgar en ella al presidente Belisario Betancur.El honor es “el más preciado tesoro del ser humano y su máxima virtud ante los ojos de Dios”, lo definió alguien en expresión afortunada. Si a ese tesoro le sumamos el vocablo militar, enunciamos el más firme pedestal, unido al patriotismo, la lealtad y el carácter, sobre el cual se erige la estructura de la ética profesional en la carrera de las armas.Que dos magistrados logren que todo un tribunal de Justicia ordene que los mandos superiores de instituciones creadas por el constituyente para la defensa de la nación y la sociedad desde hace 200 años, se humillen en espectáculo público, hiere profundamente el alma militar.No se trata de antiguallas, como podrían juzgarlo los escépticos y materialistas de una época en que la pérdida de valores se irriga por el mundo. Es que ningún tribunal, por elevada que sea su jerarquía, tiene la potestad de situar en pública vergüenza ni lesionar la dignidad de un Ejército que lucha valerosamente en selvas, montañas, climas letales y penalidades inenarrables por defendernos y asegurar la supervivencia del Estado de Derecho amenazado no sólo por bandas criminales de todos los pelajes, sino por adversarios siniestros ubicados en los diversos estratos del poder político y en los organismos jurisdiccionales.No se trata de irrespetar al honorable Tribunal Superior de Bogotá. Pero sí de recordar a sus integrantes, dos cosas entre otras cuantas: la CPI no puede ocuparse de hechos acaecidos antes del 2002 cuando Colombia firmó el Tratado de Roma. Y otra no menos trascendental: que la pena de vergüenza pública desapareció de la legislación penal colombiana desde cuando los oprobiosos tribunales erigidos por Morillo y Sámano, fueron suprimidos por la victoria de Boyacá.

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