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Enemigos agazapados

El término lo acuñó Otto Morales Benítez cuando en la Comisión de...

4 de julio de 2011 Por: Álvaro Valencia Tovar

El término lo acuñó Otto Morales Benítez cuando en la Comisión de Paz convocada por el presidente Julio César Turbay, confiada a la sabia dirección del expresidente Carlos Lleras Restrepo, tropezó con opositores de todos los pelajes, saboteadores de la idea, pero con las garras de lobo bien disimuladas dentro y fuera del Gobierno, lo que lo indujo a renunciar al advertir que la buena fe del grupo y las muy sensatas recomendaciones del doctor Carlos Lleras no llegarían a ninguna parte, entre otras cosas porque no existía voluntad política de un lado y buena fe del otro.Mucho nos tememos que el fenómeno se repite en el desarrollo de la Ley de Víctimas, sin duda el más extraordinario programa sociopolítico del Gobierno frente al interminable conflicto en que se ha sumido la nación colombiana. Como es obvio, con enormes dificultades para su realización. Entre otras razones porque son muchos los enemigos agazapados. Unos por negativismo oposicionista, pero los más porque el cumplimento de la ley afectaría intereses oscuros de índole mafiosa en la posesión de tierras mal habidas, que temen perder con la devolución a sus legítimos propietarios y recurren al expediente que ha pasado a ser la intimidación, el asesinato de personal clave en el manejo del programa especialmente en los niveles ejecutivos, o de los poseedores legítimos y retornan a sus lares para recomponer las vidas desechas por el vendaval de la violencia.Es aquí donde la acción integral del Estado debe ponerse en marcha con la dinámica necesaria para el cumplimiento de una ley, cuyo contenido social es de tal naturaleza que bien puede definir el destino de la Nación, para salir del tremedal de violencia polifacética donde nos debatimos o prolongar sin término ni esperanza una existencia flagelada por la acción criminal de estos sí declarados enemigos de la paz y la convivencia civilizada. Son los sujetos que se hicieron a la propiedad ilegítima de la tierra, unos cuantos suficientemente conocidos, otros de quienes se sospecha con buenas razones, quizá los más enquistados en el propio Estado o nuevos ricos, fantoches, presumidos, pasean su ensoberbecida y más que discutible elegancia por los ámbitos del jet set. Su mero aspecto, su extravagancia y maneras los denuncian, pero la sociedad complaciente los admite porque son derrochadores, vanidosos y ‘buenas papas’. Admitimos que el exorbitante costo del proceso desafía a la Hacienda Pública. El Gobierno que ha luchado a brazo partido por impulsar la ley hallará los recursos. En obtenerlos habremos de colaborar los colombianos. Es un empeño nacional y en realizarlo está comprometido el destino de Colombia.