Polo a tierra

Las negociaciones de paz que en este momento se desarrollan con la guerrilla de las Farc, desde que comenzaron en el acto inaugural de Oslo en septiembre del año pasado, han tenido a este país en una especie de ‘frenesí emocional’ entre el pesimismo y el optimismo, que afortunadamente hoy en día ha pasado a un segundo plano, para dar paso a una especie de ‘optimismo moderado’ o de ‘pesimismo realista’, al gusto de cada cual. Poco a poco se va abriendo paso una actitud más tranquila y pragmática frente a lo que puede suceder allí y a lo que se puede esperar en un futuro inmediato.La primera cosa que hay que tener claro es que el éxito de unas negociaciones con la cúpula de las Farc, así sea muy valioso y constituya efectivamente un paso adelante, no va a significar una solución del conflicto violento que tenemos en Colombia por la sencilla y elemental razón de que el enfrentamiento entre el Estado y los aparatos militares de la guerrilla constituye sólo uno de los componentes de la situación. Al lado tenemos nada más y nada menos que el problema generalizado de la delincuencia, que existe en proporciones inmensas en los campos y las ciudades de este país. Además, buena parte de este conflicto está alimentado por una fuente de recursos inagotable, que se transforma día a día y sufre toda clase de mutaciones como las bacterias, como es el caso del negocio del narcotráfico. Mientras no se encuentre una solución de fondo que permita parar esta fuente de financiación, difícilmente se puede pensar en una solución definitiva del conflicto. Y aún estamos lejos de esta posibilidad.La decisión de negociar con los grupos guerrilleros alzados en armas, en sus dos vertientes principales (Farc y ELN), no es simplemente la expresión de una voluntad de conciliación, inspirada en ideales democráticos o de convivencia, sino una exigencia realista que se impone necesariamente en el momento actual del desarrollo del conflicto, que cualquiera puede reconocer si tiene cinco dedos de frente. Un arrasamiento militar del Estado a los grupos armados podría conducir a una situación de delincuencia de proporciones incalculables, que supere con creces la que hoy tenemos, como ocurrió con los bandoleros de los años sesenta. El Estado y la sociedad colombiana se beneficiarían enormemente de la posibilidad de que un grupo como las Farc pueda mantener su cohesión y su unidad interna de tal manera que sus comandantes tengan efectivamente la capacidad de controlar a sus huestes y encauzarlas hacia actividades productivas, en el momento en que se llegue a un acuerdo de paz.La sombra que en este momento aparece en el horizonte consiste precisamente en la posibilidad de que, por primera vez en toda su historia, los dirigentes de estos grupos hayan perdido el dominio sobre importantes sectores en su interior, que no encuentran atractiva una negociación que les exija el abandono de unas actividades muy lucrativas, vinculadas con el narcotráfico o con la explotación de recursos económicos diversos. Miles de hombres armados deambulando sin control por los campos y las ciudades es una pesadilla en la que no podemos pensar.El realismo también se impone cuando se trata de pensar el costo ético y político que representa una negociación con unos grupos que son responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos. El Gobierno y los negociadores de La Habana tendrán que poner a funcionar la imaginación para inventar un tipo de sanciones que no pasen necesariamente por la cárcel a los responsables. Ya lo dijo en entrevista para este periódico el Fiscal General de la Nación, con un ‘polo a tierra’ mucho mejor instalado que el del Procurador fundamentalista que hoy tenemos: “Para lograr la paz, debemos tragarnos muchos sapos”.