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La CVC

La historia de la CVC durante los últimos años ilustra de manera...

23 de febrero de 2011 Por: Alberto Valencia Gutiérrez

La historia de la CVC durante los últimos años ilustra de manera fidedigna lo que podríamos llamar la paradoja de las reformas democráticas que se introdujeron en Colombia con motivo de la Constitución de 1991. Hasta 1994, durante sus primeros 40 años de vida, la institución funcionó con base en un modelo de administración que podríamos llamar elitista. El Consejo Directivo estaba conformado, en perfecta coherencia, por representantes de los poderes económicos y políticos regionales. Durante esta época tiene a su cargo el manejo del sector eléctrico y presenta importantes resultados de gestión, que alcanzan un gran reconocimiento, gracias, entre otras cosas, al hecho de que logra mantener el carácter técnico de sus decisiones.La ley 99 de 1993, que reestructura las corporaciones regionales, arrebata a la CVC la administración del sector eléctrico, la transforma en una entidad de control ambiental, circunscribe su jurisdicción al Valle del Cauca y, en concordancia con las nuevas normas de participación de la Constitución de 1991, la dota de una forma de administración en la que, además de los representantes gubernamentales y los gremios, tienen cabida las ONG, las comunidades negras e indígenas y los alcaldes. La idea es que la propia comunidad se ‘empodere’ de sus propios intereses.El resultado de esta transformación no fue propiamente positivo. La participación de los ciudadanos en la administración de los recursos públicos se convirtió en la fiesta del clientelismo y la politiquería. El tráfico de influencias se apoderó de la institución, la contratación comenzó a ser otorgada a organizaciones y personas poco competentes para la realización de los trabajos y sin cumplir los requisitos legales, los funcionarios técnicos altamente calificados fueron desplazados por cuotas políticas, el relevo generacional no se hacía propiamente con base en una evaluación técnica del perfil profesional de los candidatos y, en general, el patrimonio y los activos financieros de la corporación se convirtieron en un botín político.El Gobierno actual, ni corto ni perezoso, aprovechó la emergencia invernal para dar reversa a las transformaciones de 1993 y recuperar por parte del Ejecutivo y de las élites regionales el control de las corporaciones. Ya tenemos claro, por lo menos, que los recursos públicos comprometidos se encuentran a salvo de la rapiña de las redes clientelistas. Sin embargo, nos queda la inquietud de saber si detrás de esta decisión del Presidente no se encuentra la secreta intención de invertir los recursos de la institución por fuera del Valle del Cauca.La nueva situación anunciada por el Gobierno Nacional la semana pasada debe despertar en la región una importante reflexión acerca de la utilización de los recursos públicos y la participación ciudadana. No podemos dejarnos llevar a la alternativa excluyente entre un manejo elitista y centralizado, que no tiene en cuenta en sus decisiones a las comunidades locales, y una administración ‘democrática’, que se apropia de los bienes colectivos en beneficio privado. La participación es buena siempre y cuando se haga por el interés de las comunidades y no de unos pocos.La CVC constituye sin lugar a dudas un patrimonio nacional de primerísimo nivel. El conocimiento acumulado durante 56 años de gestión, en su carácter de ‘universidad práctica’, constituye un valor agregado para la región. Y lo importante es que trabaje por la promoción y la ejecución de proyectos que nos beneficien a todos; y que garantice el equilibrio ambiental, gracias a su función reguladora como entidad del Estado.