Justicia restaurativa

Agosto 07, 2013 - 12:00 a.m. Por: Alberto Valencia Gutiérrez

¿Cómo se hace para reintegrar a la sociedad un grupo numeroso de hombres que han cometido toda clase de crímenes y de delitos? Este es el problema que se encuentra a la orden del día en Colombia desde que comenzaron las negociaciones con los paramilitares hace varios años. Ya no estamos en la época de las amnistías y los indultos globales, de ‘los taxis y los tenis’ que se daban a los reinsertados y lo que la opinión quiere es que haya paz, pero sin impunidad. Pero todos sabemos que hay algo qué sacrificar. Por eso muchos hablan de la justicia transicional, como un “estado de excepción” que permite dar tratamientos especiales a los responsables. Pero el hecho es que también existe la justicia restaurativa, que en lugar de castigar trata de reparar el daño. El problema es que nadie sabe muy bien cómo ponerla en práctica.Sin embargo, aquí no más, en la Comuna 13, en los barrios Marroquín II y El Retiro, sabemos de la existencia desde hace varios años de una interesante experiencia en este sentido, que se podría convertir en un modelo para difundirlo en todo el país. La Fundación Paz y Bien, creada por la hermana Alba Stella Barreto a comienzos del siglo, con la colaboración de la Universidad Javeriana y algunas fundaciones privadas (Corona, Alvaralice), puso en práctica un programa de reintegración de jóvenes pandilleros a sus comunidades de origen, con base en los criterios de la justicia restaurativa. En su momento cumbre, alrededor del año 2005, llegaron a existir hasta 13 casas Francisco Esperanza, donde se acogía a los jóvenes, se les escuchaba y se les ofrecía la posibilidad de reparar los daños. Bien parece que hoy en día por falta de presupuesto y otras razones, algunas de estas casas se han cerrado. No obstante, sería muy interesante volver los ojos sobre lo que ha significado esta experiencia en un momento en que la negociación con los grupos alzados en armas está en el primer plano de la escena.La justicia restaurativa, según información suministrada por el profesor de Icesi Jorge Ordóñez (uno de los protagonistas del proceso), consiste en poner en contacto cara a cara a la víctima con el ofensor, de tal manera que todos puedan expresar su punto de vista y restablecer la comunicación, con base en la mediación de la propia comunidad o, en muchos casos, de instituciones estatales. La propuesta es que la víctima tenga la oportunidad de narrar lo sucedido, hacer catarsis de su situación, valorar el daño que ha sufrido y expresar su dolor. El ofensor, por su parte, debe asumir su participación en los hechos, reconocer a la víctima y ponerse en contacto directo con su sufrimiento pero, sobre todo, asumir positivamente su culpa y expresar un compromiso y un deseo sinceros de reparar el daño causado y abandonar sus actividades delictivas. El mediador debe proveer que los acuerdos se cumplan y la comunidad se convierte en garante del restablecimiento de la relación rota.Este tipo de práctica ha tenido éxito en países como Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica o en algunas comunidades indígenas cercanas. Más aún, el nuevo Sistema Penal Acusatorio ha introducido en el ordenamiento jurídico el “principio de oportunidad” que abre la vía a formas alternativas de resolver los conflictos. Con una población carcelaria de 117.863 personas, a junio de 2013, sería prácticamente imposible meter a la cárcel a 40.000 o más exparamilitares y exguerrilleros y sería más conveniente para la propia comunidad poner a los responsables a reparar los daños. Además, este tipo de justicia tiene una tasa de reincidencia del 30 %, muy inferior al 70 % de la justicia convencional y, por consiguiente, ofrece la posibilidad de que el conflicto no renazca de nuevo de sus cenizas al cabo de algunos años.

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