6024455000Seguridad ciudadana y desarme
En mi opinión, es positivo que se abra el debate y que el tema del porte de armas tenga un debate de fondo, siempre que se trate de lograr un mismo objetivo: la seguridad ciudadana como un bien público
El tema de la seguridad ciudadana está al orden del día. También las propuestas que se consideran más apropiadas para lograrla. El País del 20 de marzo pasado presentó dos visiones distintas sobre el proyecto de ley que busca modificar el porte de armas, tema relacionado con la seguridad ciudadana.
La representante Catalina Ortiz centra su opinión en la consideración de la vida como valor sagrado. Entre más armas, legales o ilegales, en manos de civiles habrá más muertes. Propone aumentar el pie de fuerza de la Policía y hacer campañas de desarme entre los civiles.
El representante Christian Garcés considera que hay ciudadanos honestos amenazados por el crimen y la violencia. Además, estima que el Estado no tiene la capacidad para proteger la vida, la libertad y los bienes de algunos de sus ciudadanos, amenazados por extorsiones, secuestros y atracos. Propone facilitar los salvoconductos para el porte de armas, propuesta que no contradice (sic) el principio constitucional del monopolio de las armas por parte de Estado.
En mi opinión, es positivo que se abra el debate y que el tema del porte de armas tenga un debate de fondo, siempre que se trate de lograr un mismo objetivo: la seguridad ciudadana como un bien público. Los ciudadanos debemos estar interesados en que se respete la vida, integridad, bienes y libertades de todos. Personalmente encuentro cuestionable el punto de vista del representante Garcés y creo que se debe profundizar en el planeamiento de la representante Ortiz. La de Garcés, es una consideración de grupo elitista y no democrática que indica que hay algunos “ciudadanos honestos” que están amenazados por el crimen, mientras que otros, la mayoría de la población, no se puede identificar como honestos, aunque pueden también ser víctimas del crimen.
Se habla de esta manera “desde el poder”, en defensa de quienes lo sostienen de manera excluyente, especialmente por su acceso a la propiedad. Estas personas estarían facultadas para portar armas y utilizarlas, con efectos letales, ya que el Estado no puede garantizar la vida y los bienes de estos ciudadanos.
En términos sociológicos, se trata de retroceder a un estado hobbesiano, donde el “yo armado”, sin reconocimiento de los demás, puede ejercer la violencia en un medio de individuos también armados. La violencia recae sobre quienes se consideran criminales, que no necesariamente lo son: usualmente los pobres, migrantes o personas con rasgos étnicos estigmatizados.
La representante Ortiz no cae en este error ‘teórico’ garrafal. Más bien delega en una institución estatal el porte de las armas y su uso. El problema con este punto de vista, es que vivimos en un Estado históricamente en formación que es necesario controlar en sus instituciones y acciones. Es importante defenderlo, a pesar de su precariedad, pero no se puede olvidar que sus instituciones han actuado de manera ilegal con las armas, incluso en connivencia con grupos privados, legales o ilegales, tanto en el caso de las Fuerzas Militares como de Policía. Se debe entonces mejorar su institucionalidad y operación legales.
Dándole un empujón al planteamiento de la representante Ortiz, en mi consideración, es fundamental el control que se puede hacer desde el Estado sobre sus Fuerzas Militares y de Policía, pero también desde la ciudadanía que debe hacer suyo el tema de la Seguridad Ciudadana, como bien público de su interés y no sólo del Estado. En el caso de la Policía, hay que lograr formas de control ciudadano sobre el ejercicio de la institución policial. Solamente de esta forma vamos a lograr que mejore su “legitimidad”, hoy en día tan precaria, y disminuir la criminalidad, en beneficio de todos.
