Seguridad ciudadana en entredicho

Seguridad ciudadana en entredicho

Marzo 06, 2018 - 11:40 p.m. Por: Álvaro Guzmán Barney

En las últimas semanas el tema de la seguridad ciudadana aparece con mucha fuerza en las noticias, en las columnas de opinión, en los editoriales de prensa y, de manera general, en la agenda pública. Impacta la manera como se desconoce el camino recorrido, las enseñanzas, la importancia de hacer un buen análisis de los datos, para poder sacar conclusiones y hacer propuestas. En el fondo, se argumenta desde puntos de vista dominados por intereses particulares que entienden la seguridad ciudadana de manera sesgada y propenden por una política del Estado sometida a sus intereses, más que a los intereses colectivos o en defensa de los sectores excluidos de la sociedad y de sus derechos.

Una revisión de las políticas públicas de seguridad en los últimos veinte años, muestra una lenta transición, con avances y retrocesos, que parte de una concepción elaborada en medio del conflicto armado y de la guerra, para plantearse progresivamente el tema de la seguridad para los ciudadanos como responsabilidad prioritaria del Estado. Un documento importante de esta transición, que comenzó desde el Gobierno de Virgilio Barco, fue el que promovió, hace casi ocho años, el consejero presidencial Francisco Lloreda. Allí se resalta la importancia creciente de la criminalidad en sus distintas formas, también del rol institucional de la Policía y se definen como marco los conceptos de seguridad y de convivencia que se fijan como metas de la política pública. El documento se quedó corto, en mi opinión, porque no avanzó en los diagnósticos regionales y locales y menos en los cambios institucionales implicados, por ejemplo en la Policía. Tampoco en el tema importante de la evaluación. Pero, el punto central es la búsqueda de un Estado más fuerte, es decir más cercano a la ciudadanía y a sus intereses que logra así, mayor legitimidad y por esta vía contrarresta la violencia y diversas formas de criminalidad, promoviendo la seguridad y la convivencia.

Paradójicamente, salen hoy a flote un sinnúmero de propuestas que significan un retroceso en la política pública de seguridad. Por ejemplo, al confundir y fusionar las funciones del Ejército y de la Policía en el control de la seguridad ciudadana. Bastante tiene por hacer el Ejército con el control del territorio nacional en las fronteras y en la protección de los recursos naturales en medio de poderosas organizaciones armadas. Pero sobre todo, inquietan las propuestas que buscan ‘la legítima defensa’ con armas en manos de particulares, cuando de lo que se trata es de que esta defensa sea por excelencia una responsabilidad estatal. Es cierto que estamos lejos de tener un Estado con el monopolio de las armas, pero se trata precisamente de propender porque así sea. Fue muy importante la entrega y fundición de cerca de 7500 armas de las Farc y es muy preocupante que, en 2016, la Policía reporte en la Revista Criminalidad, 25637 armas incautadas, con licencia y sin licencia, sin que sepamos cuál ha sido su destino.

Hay historias y diagnósticos distintos así como propuestas reiteradas o novedosas. Nadie puede argumentar que tiene la razón última en el tema de la seguridad ciudadana. El hecho es que hay esfuerzos por interpretar la situación, desde la academia. Recientemente me correspondió dirigir una investigación en cinco ciudades colombianas: Medellín, Barranquilla, Bogotá, Buenaventura y Cali. El libro que sintetiza los resultados se presenta el jueves 15 de marzo a las 4 p.m. en el Auditorio Yquinde de la Universidad Autónoma en donde estarán presentes los autores. Espero que sea el inicio de una discusión más pausada, que nos permita avanzar en la anhelada convivencia ciudadana.

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