Policía y Estado

En las últimas semanas la prensa se ha referido a un tema importante para el país: el lugar institucional que debe tener la Policía Nacional en la estructura del Estado. La discusión se remonta a la época de La Violencia y a los acuerdos surgidos en el Frente Nacional. El problema por resolver fue el del partidismo que tuvo la Policía y la necesidad de consolidar una fuerza armada policial estatal que actuara de manera neutral. Se optó entonces por organizar una Policía Nacional dependiente del Ministerio de Guerra, después de Defensa, y al lado de las otras fuerzas armadas del Estado. Es posible que la decisión haya sido la correcta en su momento. Pero mostró problemas evidentes ante la opinión pública en los primeros años de la década del 90. Estos problemas tenían que ver, entre otros, con actividades continuadas por fuera de la ley, especialmente en el tratamiento de la ciudadanía y de sus derechos. El 23 de febrero de 1993 se rebosó la copa cuando apareció en una Estación de Policía de Bogotá el cadáver de una niña que había sido violada y asesinada al interior del edificio. Esto motivó una reforma de fondo de la institución policial. En ese momento, no se acogió la recomendación hecha por la Comisión de Estudios de La Violencia conformada por el presidente Barco que implicaba trasladar la Policía al Ministerio de Gobierno. La reforma buscó mejorar el estamento policial, en su remuneración y en su formación técnica, e insinuó, de manera muy importante, mecanismos para hacerle veeduría a la acción policial, asunto fundamental que se fue dejando de lado. En los últimos 20 años se debe reconocer que la Policía Nacional ha pasado por una transformación técnica y cualificación de sus cuadros muy significativas y, sin embargo, también se debe decir que subsisten problemas que tienen que ver con su ubicación institucional y con la forma concreta de su funcionamiento ante la ciudadanía.Si se busca profundizar en la modernización del Estado, se requiere diferenciar orgánicamente Ejército y Policía. No es normal que los soldados cuiden las calles de las ciudades y los policías combatan la guerrilla en territorios rurales. Habría que concentrar la dedicación de la Policía en la seguridad ciudadana. Esto lleva a pensar que su lugar institucional adecuado no es un nuevo ministerio, como se ha propuesto, pero sí su traslado al Ministerio del Interior y de Gobierno, encargado de los temas de orden público. Dado este paso fundamental, se debe abrir una discusión sobre la relación entre la Policía, la nación, los departamentos y los municipios. Es importante que se aclare la autoridad de los gobiernos locales sobre los cuerpos de Policía de su respectivo territorio y que se pueda hacer una evaluación, interna y externa, de la eficiencia y eficacia de la acción policial en sus niveles operativos más concretos. El resultado más probable es una mayor legitimidad del cuerpo policial ante la ciudadanía, uno de los problemas más graves de la presente situación. ¿Por qué no se ha dado este paso antes? Es claro que se debe prevenir que un grupo armado estatal se ponga al servicio de intereses privados locales, ante todo con el poder del crimen organizado. Pero tampoco se puede argumentar que la solución a la corrupción y a la intromisión del crimen organizado, esté en una estructura burocrática nacional centralizada, por el contrario. En el fondo, hay una enorme burocracia nacional con intereses propios. La solución esta en consolidar un cuerpo de policía cercano localmente a la ciudadanía y que pueda haber veeduría de las autoridades y de la ciudadanía a su desempeño.