Paz negociable y compromisos

En enero de 1999 se instaló la última mesa de negociación con las Farc en la zona de distensión del Caguán. La instalación se hizo con la presencia del presidente Pastrana quien dio un discurso que, releído hoy, muestra magnanimidad e ilusión de parte del primer Mandatario. También se leyó una carta de ‘Manuel Marulanda Vélez’, quien no asistió al acto dejando su ‘silla vacía’, en la que se refiere a una injusticia histórica en Colombia con los campesinos, sus ‘gallinas y marranos’. Catorce años después, se instala una nueva mesa de negociación, en medio de cambios notables aunque se mantienen problemas de fondo por resolver. Entre los cambios, se puede mencionar el declive de la guerrilla, tanto desde el punto de vista militar como por el arraigo social que tiene su estrategia de acceder al poder por las armas. Esta estrategia está cada vez más deslegitimada ante la sociedad y el mundo y, políticamente, ya no tiene justificación alguna. El Gobierno por su parte, se encuentra en una posición militar más favorable. A pesar de las enormes contradicciones y problemas del país, expresa la posición de un Estado que ha logrado fortalecer la democracia y el imperio de la ley y que puede darle cabida institucional a la oposición, para construir una sociedad más inclusiva y equitativa. Todo parece indicar que ambos actores, así como múltiples representantes de la sociedad civil, consideran que este es el momento apropiado, para adelantar y terminar una negociación de paz que no deje vencidos. Hay que ponerle todo el empeño entonces a que la negociación que se inicia hoy tenga buen término y que no asistamos a una desilusión más. Pero, parece importante tener en cuenta que, en las negociaciones, se deben plasmar acuerdos de paz centrales que no terminan allí y que dan lugar a intervenciones ‘posconflicto’, que implican cambiar el rumbo en la sociedad junto con otros actores estatales, como el Congreso, y con un gran compromiso de la sociedad civil, la más interesada en la Paz.A manera de ejemplo, nos hemos ganado un lugar en el podio de los países con mayor desigualdad, no sólo en el sector rural donde aún hoy subsisten precariamente campesinos con sus ‘gallinas y marranos’, sino también en el urbano que incluye casi al 75% de la población colombiana. Es indudable que el Estado puede comprometerse con un proyecto de mediano plazo de lucha contra la desigualdad, refrendado por el Congreso. Brasil lo hizo en el Gobierno de Lula, sin la presión de un acuerdo de paz con la guerrilla, con buen éxito. Esto fue posible por la fuerza del Gobierno, de su apoyo en un partido y el gran acuerdo estatal y social con los programas contra la desigualdad y la pobreza. En Colombia, hay que lograr esa misma fuerza de parte del Gobierno, de los demás entes estatales y de los sectores más significativos de la sociedad civil. En un foro reciente sobre región, inversión, competitividad, Pacífico-2032, parecería que los líderes nacionales y locales buscan profundizar el modelo de crecimiento seguido en los últimos años que ciertamente ha aumentado el PIB, ante todo con el jalonamiento del sector minero, pero al mismo tiempo, ha acentuado la concentración del ingreso en muy pocas manos, nacionales y extranjeras.Los expositores parecían no tener en cuenta la envergadura de las negociaciones que se avecinan para la sociedad colombiana y el papel que allí juega el tema de la desigualdad. Parecían desconectados con este problema y con los grandes compromisos que en el próximo futuro debe asumir la sociedad y el Estado para hacer posible la anhelada Paz.