Minería sostenible

Minería sostenible

Mayo 30, 2012 - 12:00 a.m. Por: Álvaro Guzmán Barney

Recientemente se han hecho consideraciones que limitan el problema de la minería a su carácter indeseable de informalidad, a diferencia de aquellas empresas que cuentan con los vistos buenos de las agencias estatales del ramo. Pero, el tema de la informalidad es un problema menor frente al de la minería sostenible, ya sea formal o informal, si se manejan criterios de conservación del medio ambiente y de bienestar para el conjunto de la sociedad. Detrás de una formalización de dudoso alcance, parecería que el Estado busca ante todo cobrar impuestos, sin detenerse en el impacto social y ambiental de la minería.El Ministerio del Medio Ambiente literalmente se desmanteló durante los ocho años del Gobierno de Álvaro Uribe. Como consecuencia, se otorgaron múltiples y, en algunos casos, enormes concesiones para exploración y explotación minera. Algunos de los proyectos no se pudieron llevar a cabo, entre otras razones, por las protestas ciudadanas regionales; otros han pasado a revisión y ajuste, pero varios han mantenido sus licencias con grandes expectativas. Las empresas mineras que siguen el sendero de la ‘legalidad’ terminan cumpliendo a regañadientes con los requisitos legales, incluyendo la aprobación de las comunidades afectadas. Pero otro sería el cuento si se contara con una política pública fuerte en materia ambiental y con un aparato institucional estatal que privilegiara la sostenibilidad ambiental y el bienestar social. Varias de estas empresas mineras son promovidas por grandes capitales nacionales y extranjeros que buscan maximizar utilidades, con una baja reinversión local. Las ganancias son muy grandes, los impuestos seguramente también, pero poco queda en manos de los pobladores y la naturaleza queda literalmente depredada. Por otro lado, están las empresas informales. Muy probablemente vinculan, relativamente, más personas al empleo, pero no lo hacen en las mejores condiciones técnicas y sanitarias. Tampoco cumplen con los requisitos de ley, especialmente evaden impuestos. Ciertamente no se justifican desde el punto de vista de su impacto ambiental. En el fondo, el gobierno del presidente Santos no ha podido resolver la contradicción entre hacer de la minería una de las ‘locomotoras’ de su Plan de Desarrollo, fuente de divisas y de impuestos, de ‘regalías’, que se reinvierten en el conjunto de la sociedad, y por otro lado, garantizar como cabeza de la Nación la conservación de los recursos naturales no renovables, en función de la sostenibilidad de la sociedad futura. Lo que está sucediendo con el petróleo, con el carbón, con el oro y con otros minerales, en actividades formales e informales, es un saqueo, con controles estatales precarios. Producción salvaje de riqueza material, después de lo cual sólo queda pobreza y desventura para la Nación. Es la historia contemporánea de los antiguos enclaves, en los que la riqueza producida no se encadenó a un sistema productivo nacional. Con el agravante de que el enclave afectó de manera irreversible el medio ambiente y terminó empobreciendo la sociedad. Es notable en Colombia la baja reacción actual de la sociedad ante este tipo de atentados. Ciertamente, hay algunos casos de indignación ciudadana que se deben valorar. También algunos columnistas y académicos que han planteado reiteradamente el problema. Incluso, se puede argumentar que el Estado colombiano, en algunos momentos de su legislación y de su institucionalidad pasadas, creó bases sólidas para confrontar este tipo de situaciones. Hoy por hoy, es urgente construir institucionalidad estatal y conciencia ciudadana sobre este problema.

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