La Dianmaf

No es cualquier cosa lo que pasó en varios departamentos y ciudades del norte del país, desde Antioquia hasta la Guajira, a raíz de la muerte del capo de ‘Los Urabeños’ y del paro de veinticuatro horas decretado por la organización ilegal en esta zona del país. El presidente Santos confrontó la situación en el terreno y afirmó en Twitter “vamos con toda”, un llamado que deja ver que no hay una estrategia coherente contra el crimen organizado, que viene creciendo de tiempo atrás. El expresidente Uribe pidió “bombardearlos”, también en Twitter (¿con quién se comunican los mandatarios de esta manera?), en una expresión desenfocada, temible e injustificable. La Policía y el Ejercito comenzaron a dar partes de tranquilidad, al otro día del paro cuando se supo que podía presentarse un nefasto ‘plan pistola’. Los nuevos alcaldes de Magangué y Santa Marta, personas de la izquierda democrática que conocen bien a lo que pueden llegar los extremismos de uno y otro lado, piden apoyo ciudadano, acompañamiento estatal y justicia, como voces solitarias. Lo que sucedió es sólo una manifestación de un ‘poder real’ fundado en economías ilegales que se ha venido formando en todo el país y muy especialmente en la zona norte, pero también en los Departamentos del sur, en Nariño, Caquetá y Putumayo. Tal vez no se pueda encontrar un solo departamento que esté a salvo de este flagelo: ni San Andrés y Providencia. La relación fundamental con el narcotráfico es indudable. También con el paramilitarismo y los efectos de su desmonte equívoco, en muchos casos contraproducente. Pero, el rasgo definitorio de este poder es que se sustenta, por la vía de lavado de dineros, en actividades económicas lícitas, sostenidas por ellos mismos o por ciudadanos comunes y corrientes a los que amenazan, les brindan protección y los extorsionan, con resultados económicos muy rentables para los mafiosos. A la Dian, que hace su tarea legalmente y bajo la dirección de un excelente funcionario, le han aparecido entonces organizaciones paralelas, pero mafiosas, dedicadas a la extorsión, apoyadas con armas y métodos violentos, una especie de Dianmaf. Es entendible que un comerciante que recibe un volante intimidatorio que lo previene de abrir su negocio, so pena de muerte, pues no lo abra. Lo que no es entendible es que hayamos llegado hasta el punto en que nos encontramos sin haber reaccionado antes. Hay que reconocer que desde la academia, varios autores prendieron la voz de alarma, hace varios años, sobre este y otros temas colaterales, como la manera mafiosa de hacer política y de manejar el Estado, sin tener mayor auditorio.Claro está que hay diferencias en las situaciones de los departamentos y de las distintas ciudades. Pero el mal atraviesa todo el país. Medellín siempre tuvo y tiene pocos y reconocidos capos que controlan los negocios y la situación de violencia en la ciudad. En Cali, las referencias individualizadas a capos y delincuentes organizados no son actualmente del dominio público, como en la primera ciudad. Pero existen, de resto no es posible explicar tasas de homicidios tan altas y persistentes, similares en el caso de Cali y el Valle, durante los últimos años. Quedamos a la expectativa del plan de seguridad para el departamento y la ciudad. Es clave la seguridad del ciudadano en su vida cotidiana. Pero también se debe llegar, con procedimientos de inteligencia policial y judiciales, a los nudos y actores centrales de un crimen organizado segmentado y poderoso que agobia a la ciudad y a la región.