Justicia y verdad

La masacre de cinco jóvenes en el oriente de Cali se debe condenar sin reservas. Hay que exigir pronta claridad a las autoridades sobre lo sucedido. El hecho causó conmoción entre la ciudadanía por el número de víctimas jóvenes y la modalidad del asesinato. Lamentablemente, es sólo un caso extremo, de hechos que se suceden a diario y de tiempo atrás en la ciudad, en zonas deprimidas y cuyas víctimas son menores de edad. Habrá que referirse a esta situación en otra oportunidad. La intención que tenía era abordar otro tema.

Ha sido evidente, recientemente, una justificación del manejo político de las instituciones estatales, como si la lógica del ‘amigo y del enemigo’ tuviera que estar también presente en los espacios institucionales estatales, especialmente los de Justicia. Este problema se ha exacerbado a partir del Acuerdo de Paz, pero es un rasgo estructural del Estado colombiano, cuyas instituciones se han entendido como un botín de grupo para hacer riqueza y para dominar políticamente.

Por ello, creo que se debe retomar una idea: los Acuerdos de Paz, aquellos que se ratificaron en el Teatro Colón, con modificaciones introducidas por la oposición, después de que se perdió un plebiscito por 60.000 votos en una votación de 13 millones de votantes, se deben considerar como acuerdos de Estado. La Paz es un valor supremo para la Nación. Pero, el Acuerdo se ha llevado al terreno político, hay interés en destruirlo, argumentando incluso que se defiende la paz, pero no la de Santos. En este contexto, ha sido especialmente difícil la tarea de la Justicia Especial de Paz (JEP) y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).

Después de 50 años de conflicto armado con las Farc, como no se había conseguido antes en la historia colombiana y sólo muy parcialmente con la Ley de Justicia y Paz con los paramilitares en el gobierno de Uribe, se logra un modelo de justicia transicional que implica investigación judicial, declaraciones de los implicados, penas con modalidades ajustadas a la transición hacia el posconflicto, reconocimiento a las víctimas y compromisos de no repetición.

La JEP cobija a actores armados de diverso origen, no solamente a los miembros de las antiguas Farc. Todos deben decir la verdad y acogerse al procedimiento de la justicia transicional. Si la dirigencia del partido Farc no lo hace y comienza por declarar que no tuvieron que ver con el reclutamiento de menores, es muy mal precedente. Insisto, la JEP cobija a todos los actores del conflicto armado y es estratégico que así sea. No puede ser una instancia para juzgar a unos y a otros no. Hay que darle tiempo a los magistrados para que hagan su tarea, una de las cuales es el caso 01, centrado en los secuestros que está por conocerse. Se requiere apoyar a la JEP, sabiendo que sus magistrados no son infalibles. Varias de sus declaraciones dan confianza y permiten pensar que proceden en los marcos del derecho transicional.

Por otro lado, recientemente, se han conocido opiniones sobre la CEV que buscan socavar su credibilidad y su tarea. La CEV no tiene un rol judicial, pero tiene el importante objetivo de construir un relato sobre el conflicto armado que permita sanar heridas y lograr metas de reconciliación entre los colombianos. Muy probablemente la CEV va a decir que no hay una sola verdad, pero la sola reconstrucción de este hecho complejo es de la mayor trascendencia para el futuro de la sociedad. No puede haber una verdad partidista. Afortunadamente, la coordinación de la difícil tarea está en manos de una persona que escucha con ecuanimidad a todos y es intachable éticamente: Francisco de Roux S.J.