Gente de bien

La ‘gente de bien’ es un argumento que justifica posiciones de poder excluyentes que buscan perpetuarse. Es usual en sociedades pre-modernas, altamente jerarquizadas y fragmentadas desde el punto de vista de clase, en las que sectores tradicionalmente vinculados con el poder justifican sus conductas particulares, como si no tuvieran que someterse a una normatividad general y a principios éticos y jurídicos que cobijan al conjunto de ciudadanos.

El uso de esta argumentación es un síntoma de como el concepto moderno de ciudadanía no ha podido arraigarse en las conductas sociales. En el caso colombiano, es un indicativo del largo trecho que aún nos queda por recorrer como sociedad para poder concretar que todos somos iguales ante la ley y debemos responder con los mismos derechos y deberes, ante el Estado y los ciudadanos. Somos habitantes de un país y de una nación, pero no somos ciudadanos plenamente.

En el control del delito, en varias oportunidades, las autoridades de Policía se encuentran con individuos que incumplen alguna norma y que al ser requeridos por la autoridad contestan de manera prepotente: “Usted no sabe quién soy yo”. Es una forma de afirmar que la proveniencia social y los vínculos con círculos de poder los exime de cumplir con la ley. Aunque es un planteamiento distinto, el argumento de la ‘Gente de bien’ se esgrime para sustentar normas generales que son intereses particulares. De esta manera, se reproduce un grupo de ‘intocables’ que esquivan el Estado de Derecho y las regulaciones que deben cubrir a toda la ciudadanía. El argumento se ha utilizado recientemente en Colombia con consecuencias muy desafortunadas por la relación que establece con el uso de las armas y por lo tanto con dinámicas que promueven la violencia, en lugar de controlarla.

En una situación de violencia acentuada de diverso origen que es cierta, se ha afirmado que la ‘Gente de bien’ debe tener el derecho a armarse.
No se ha podido saber cual sería este grupo concretamente.
Ciertamente no son todos los allegados al poder. Se trata de un sector privilegiado que no confía en el Estado como institución encargada de la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, tramita su autorización para el porte particular de armas.

Paradójicamente, son algunos políticos y aspirantes al manejo del Estado que defienden dicha postura anti-estatista. No captan que su postura justifica, de hecho, que cualquier sector social busque armarse y defender sus intereses. Estaríamos así en una sociedad de grupos armados enfrentados entre ellos, algunos con permisos estatales para el porte de armas y otros no. La ‘Gente de Bien’, grupo que no ha podido definirse, resulta armada y vinculada con el delito desde dentro.
Enfrentada también en muchos casos con personas que no son delincuentes. Los hechos de mayo y junio de este año en Cali son muy elocuentes a este respecto.

Es cierto que hay muchos argumentos históricos y recientes para desconfiar en el monopolio estatal de las armas y en particular en el porte de armas por la Policía. Pero, precisamente, se trata de reconocer que es una situación que debe cambiar, fortaleciendo las instituciones estatales y no debilitándolas. Es fundamental diferenciar el rol de las distintas Fuerzas Armadas y precisar aquel de la Policía que no debe tener por enemigo a la ciudadanía. Una reforma a la Policía que no sea cosmética debería sacarla del Ministerio de la Defensa, ubicarla como sector independiente en el Ministerio de Interior y redoblar su presencia y compromiso con la ciudadanía, con un sentido territorial.

Por principio, todos los ciudadanos deben ser considerados Gente de Bien y deben encontrar en la Policía la protección debida a sus bienes y libertades, sin armarse.
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