El jarillón

A lo largo de la geografía nacional se están presentando situaciones de emergencia por la ola invernal. Como es usual, se dan ayudas y soluciones puntuales, que son necesarias, pero se requiere también un gran esfuerzo público y privado que intervenga en el mediano y en el largo plazo, buscando soluciones efectivas frente a los problemas derivados del cambio climático y el medio ambiente. Lo que se hace evidente es el atraso de nuestra sociedad ante las calamidades. Cali es un ejemplo protuberante de desidia y falta de respuesta institucional ante los riesgos por el manejo que hemos hecho de la naturaleza. Sobresale el caso del jarillón del río Cauca y del posible desastre por su desbordamiento. La inundación periódica de predios y las posibilidades de urbanización dieron lugar a la construcción de canales y de jarillones que permitieron la desecación de terrenos y su habilitación como asentamientos, legales e ilegales, esencialmente en lo que hoy se llama el Distrito de Aguablanca. Construidos los jarillones, desde principios de los años 80 comenzó su invasión, inicialmente por 20 familias, en un lugar cercano al Paso del Comercio. Las tomas de este espacio público continuaron durante los años 90, cuando los nuevos habitantes buscaron aumentar los terrenos con rellenos, construyeron viviendas y ‘granjas agrícolas urbanas’, sobre la cresta del jarillón. Los pobladores convivieron con el ‘fantasma del desalojo’, pero se organizaron, reivindicaron derechos, hicieron política local y lograron reconocimiento de su asentamiento, la provisión de servicios públicos, e incluso títulos de propiedad con todo y pago de predial. En el año 2005, cuando se estimaba que cerca de 6.000 viviendas y 36.000 personas estaban ubicadas en los diferentes asentamientos irregulares a lo largo del río, se presentó una crisis ambiental de proporciones y la CVC hizo un llamado para evacuar el jarillón. La Alcaldía tomó cartas en el asunto, reunió instituciones implicadas en el tema, se asesoró de expertos medio ambientalistas y diseñó estrategias para un ‘Plan de Evacuación’ inmediato, con sirenas, albergues temporales y ayuda de psicólogos expertos en situaciones de desastre. También se diseñó un Plan de ‘largo plazo’, que debía culminar en el 2011 ó 2012, para reubicar a 12.000 personas en mayor riesgo, reparar el jarillón y preservarlo como espacio público. Nada se hizo, ya pasados seis años. Se debe tener en cuenta que el riesgo con el desbordamiento del río afecta a 700.000 personas, habitantes de Aguablanca. En una entrevista reciente en televisión, un funcionario público decía que el tema era difícil de resolver, ya que no había dinero y tampoco tierra para las reubicaciones. Ingenuo decirlo, cuando al Alcalde no le faltó corazón para cobrar un cuantioso impuesto de valorización y dedicarlo, en gran medida, a una idea de ciudad centrada en el tránsito automotor privado. Que se argumente la falta de tierras demuestra ausencia de planificación urbana, del suelo y del territorio, sobre la base de una idea de ciudad que sea ambiental y socialmente sostenible. Yoider Gómez, Presidente de la Asociación (del jarillón) ‘Samanes de Cauca’ dice en carta dirigida a un conocido periodista: “…nosotros no nos oponemos a salir del sector, pero lo que queremos es ser llevados a un buen sitio...”. Buena disposición del Presidente de la Asociación, pero, en esta oportunidad, falta de corazón por parte de la autoridad municipal.