Desarme

Desarme

Febrero 05, 2014 - 12:00 a.m. Por: Álvaro Guzmán Barney

Hace 27 años, la Comisión de Estudios sobre la violencia nombrada por el Presidente Barco propuso una política de desarme de los ciudadanos (Colombia: Violencia y Democracia, 1987). Desde entonces, los distintos gobiernos no han hecho suya esta política de seguridad, o lo han hecho de manera parcial. Las razones que aducen para no ponerla en práctica remiten a obstáculos de grupos de interés vinculados precisamente con situaciones de violencia. Además, los gobiernos se aprovechan de la creencia muy difundida entre los ciudadanos que se consideran desprotegidos si no tienen acceso a las armas.Cuando la situación de violencia parece inmanejable, vuelve a mencionarse la política del desarme, como si fuera la solución a una situación puramente coyuntural. Vale la pena tener en cuenta que la política del desarme “per se” no es una solución definitiva a un problema estructural de violencia: la posesión de armas en manos de civiles siempre está vinculada con la posibilidad de su uso y con las consecuencias letales que de allí se derivan. Lo que se requiere en nuestra sociedad es ante todo: “desarmar las mentalidades”. Esta es una tarea compleja que no se agota con el desarme físico. Pero ¿de dónde viene la oposición al desarme?Paradójicamente, las Fuerzas Armadas del Estado no están alineadas en favor de dicha política, más en el caso de las Fuerzas Militares que se oponen con vehemencia que en las de Policía que se oponen de palabra. Esto es un contrasentido como comportamiento estatal moderno. Se aduce, en una primera explicación, que las Fuerzas Armadas se encuentran ‘copadas’ en su lucha contra las diversas formas de delincuencia y que aceptan delegar en los civiles el porte de armas, con una serie de condiciones y reglamentaciones. Esta alternativa, como sabemos, ha tendido consecuencias históricamente nefastas, posibilitando la acción de grupos que terminan cometiendo hechos abiertamente criminales. Otra explicación considera que detrás del amparo legal de la posesión de armas, hay intereses económicos de la industria militar que monopoliza este mercado. Finalmente, una versión más sociológica, sustenta que existen dos enormes mercados de armas, el legal y el ilegal, y que las Fuerzas Militares y de Policía se mueven entre ambos mercados y los aprovechan, ilegalmente, con una alta dosis de corrupción y en completa impunidad.A todas estas, la ciudadanía se encuentra indefensa frente al crimen, busca armarse de manera privada y considera que la solución a muchos de sus conflictos radica en poder tener y usar las armas. Este es el caldo de cultivo del mercado de armas que el estado promueve con la idea de darle a los ‘ciudadanos de bien’, la posibilidad de armarse. Esta idea es inaceptable ya que, a menos que se pruebe lo contrario, todos somos ciudadanos de bien, sin distingos de clase, etnia o género. La Policía debe proteger al conjunto de la ciudadanía y no solamente a los sectores privilegiados. Pero es cierto también, que en Colombia existe un grupo muy reducido de ciudadanos, especialmente empresarios, que han sufrido el secuestro de manera atroz y están permanentemente amenazados. Para ellos se podría diseñar una estrategia especial, con personal de seguridad privada, con la condición de que las autoridades puedan saber cuándo se ha usado un arma de dotación. Solución de transición, hacia una sociedad sin armas.

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