El pais
SUSCRÍBETE

Inicio

Artículo

¿De qué hablamos?

Para lograr un pacto, es necesario escuchar y dialogar. Hay niveles locales, regionales y nacionales del conflicto y del diálogo. Preocupa que el Decreto del Alcalde de Cali que buscaba el diálogo con algunos sectores comprometidos con bloqueos en la ciudad

22 de junio de 2021 Por: Álvaro Guzmán Barney

Es necesario caracterizar el conflicto por el que atraviesa la ciudad, la región y el país. Se ha afirmado que se trata de un “estallido social”, lo que no parece acertado, si se tiene en cuenta el cúmulo de antecedentes que se han gestado de tiempo atrás con evidencias. Atravesamos, más bien, por una forma de “levantamiento popular” complejo que involucra a distintos actores y organizaciones. Se pone de presente el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, esencialmente rurales, en combinación con los problemas de la Colombia urbana, no abordados por los Acuerdos, con nuevas voces y reivindicaciones legítimas. El conjunto se entrecruza con intereses de organizaciones armadas ilegales que subsisten y la geopolítica. En este contexto, se ha desencadenado un conflicto violento, desde varios lados, incluso perpetrado por acciones violentas ilegales desde el mismo Estado. Ha aparecido un pronunciado vandalismo, típico de una sociedad que no ha podido controlar, de tiempo atrás, el medio ambiente mafioso.

Asumiendo que se trata de un “levantamiento popular”, es importante tener en cuenta su persistencia en el tiempo: lleva ya casi dos meses. Las acciones que aumentan o disminuyen de una semana a la otra, no parecen terminar. Hay dos posibilidades de solución en el mediano plazo.
La primera, es que las nuevas voces ‘civilistas’ del “levantamiento popular”, jóvenes críticos de la violencia, apoyándose precisamente en un sentir popular amplio, sean escuchadas por los poderes innovadores y del Estado, local, regional o nacional. Que se consolide así un ‘pacto’, por un cambio de fondo de la sociedad colombiana, dentro de la democracia y de una economía de mercado regulada por el Estado. La segunda, es que las voces ‘civilistas’ del levantamiento popular no sean escuchadas por los poderes tradicionales ni por el Estado y que, frente a un conflicto inmanejable, se opte por un tratamiento militar y policial del descontento popular. La primera opción es deseable: puede sacar al país a una nueva situación de inclusión social en la que podemos ser sostenibles como sociedad. Es fundamental concretar un pacto de pocos puntos fundamentales, entre ellos el empleo, la educación y la seguridad social. La segunda opción puede contener los enfrentamientos actuales e introducir orden público en el corto plazo, pero se mantienen los problemas latentes de la movilización que pueden resurgir con más fuerza en cualquier momento y con consecuencias mayores de conflicto social violento. Significan que el Estado y algunos sectores de la sociedad, se aferran al pasado y no aceptan el cambio social.

Para lograr un pacto, es necesario escuchar y dialogar. Hay niveles locales, regionales y nacionales del conflicto y del diálogo. Preocupa que el Decreto del Alcalde de Cali que buscaba el diálogo con algunos sectores comprometidos con bloqueos en la ciudad, no fuera entendido como una estrategia para desescalar el conflicto, lo que efectivamente logró. Causa extrañeza, por otro lado, que los problemas de la ciudad se quieran vincular exclusivamente con la responsabilidad del Alcalde y se promueva su revocatoria, cuando de lo que se trata es de unir esfuerzos sobre un problema mayúsculo de interés colectivo. Si el Alcalde tiene asuntos pendientes en la Fiscalía, por el manejo de recursos públicos, hay que esperar a que la entidad judicial se pronuncie. Mientras tanto, no hay tiempo para perder, es fundamental articular la propuesta Compromiso Valle, organizada desde ProPacífico con empresas del Valle y con un fondo de 30.000 millones de pesos, con el endeudamiento que el Concejo le aprobó al Alcalde por 650.000 millones, que no se han reglamentado aún, más las inversiones que se pueden hacer desde Emcali. Estamos frente a una oportunidad única para hacer un ‘pacto’ con inversiones público privadas que se pueden evaluar y que le pueden dar un vuelco al conflicto de la ciudad.