Cobertura vs. calidad

Abril 06, 2011 - 12:00 a.m. Por: Álvaro Guzmán Barney

En los últimos días, la prensa nacional ha publicado varios editoriales y artículos sobre la propuesta del Gobierno nacional para reformar la ley 30/92 de Educación Superior. La iniciativa gubernamental ha desencadenado una serie de críticas, ante todo en las universidades públicas y no se han hecho esperar las movilizaciones de estudiantes, algunas de ellas con fuertes enfrentamientos con la Policía y un estudiante muerto en la Universidad de Nariño. En medio de estos lamentables hechos, se ha abierto un espacio para un debate propositivo, especialmente desde sectores del profesorado de la universidad pública. El Gobierno, en el inicio de su mandato, fijó como meta mejorar la calidad de la educación. Este es un propósito inobjetable y muy importante en un país como el nuestro que no tiene, comparativamente con países de desarrollo socioeconómico parecido, indicadores satisfactorios de calidad, en todos los niveles de la educación. Sin embargo, al leer la propuesta de reforma a la ley, se hace evidente que, más allá de saludos a la bandera sobre la calidad, la parte sustantiva de la reforma va orientada a aumentar la cobertura, disminuyendo el esfuerzo fiscal del Estado en Educación Superior. Hasta donde se sepa, en países como el nuestro, aumentos desmesurados en el corto plazo de la cobertura, afectan negativamente la calidad de la educación.La propuesta es llegar al 50% de la cobertura en Educación Superior en el 2014, lo que implica generar 645.000 cupos nuevos. Estas son palabras mayores que normalmente significan un esfuerzo notable en las finanzas estatales. Ante la precariedad de éstas, el Gobierno le abre la puerta a un nuevo mercado para la Educación Superior, a partir de la oferta que puedan hacer instituciones privadas, nacionales o extranjeras, con ánimo de lucro y ganancia. ¿Dónde ha funcionado este modelo en procura de la calidad de la educación, ante todo en sus niveles de educación más avanzados? En los países que cita la propuesta, se hace más bien referencia a su incidencia en la cobertura y se deja de lado el esfuerzo fiscal paralelo de los países para financiar la educación superior de calidad. Se debe tener en cuenta que las universidades privadas colombianas son entidades sin ánimo de lucro. Se verán también afectadas por la propuesta, aunque las protege la oferta de crédito estatal para los estudiantes. Las universidades públicas, por su parte, se verán enormemente afectadas, si la propuesta es mantener esencialmente el esquema de financiación de la actual ley 30. En Colombia, habría que tener mucho cuidado sobre quienes estarían interesados en el nuevo mercado, con ánimo de lucro. Hay que tener en cuenta que el Estado, hasta ahora, no ha podido controlar la calidad de varias universidades de garaje que funcionan legalmente ‘sin ánimo de lucro’. ¿Cómo será con las otras?Con la propuesta pierden las universidades de mejor calidad, las privadas, sin ánimo de lucro y muy especialmente las públicas. ¿En qué consiste la calidad en la Educación Superior? ¿Quién valora, en el contexto de la calidad, el papel indelegable de la Educación Pública, como canal de movilidad social? ¿Cuánto vale financiar una universidad pública para que cumpla con este rol y con los mejores estándares de calidad? Más que resolver estas inquietudes, la propuesta gubernamental está orientada a promover un mercado tramposo de credenciales, altamente rentable, que no tiene nada que ver con el desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Tecnología.

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