Ciudad y medio ambiente

Recientemente se han presentado enfrentamientos y disputas en torno a la construcción de la Terminal Sur del MÍO. El tema importa pues pone de manifiesto dos visiones sobre la ciudad, aquella en la que predominan los intereses del capital financiero urbano y aquella en la que se tienen en cuenta los intereses de los pobladores, del bien común y la idea de una ciudad ‘sostenible’ para las futuras generaciones. En este contexto, es crucial el papel de la Administración Municipal y su defensa de los objetivos de desarrollo sostenible.

El criterio ambiental debe ser prioridad en la planificación de la ciudad. No puede ser solamente una retórica que se contradice con una obra pública como la que nos ocupa. El hecho es que se debe preservar el humedal El Cortijo, en el margen izquierdo del río Lili, dentro de un corredor mayor de protección. Allí hay bosques, humedales y fauna que cumplen con una importante función ambiental. Esto ha sido recordado una y otra vez por prestigiosos ecólogos.

Es cierto que de tiempo atrás la zona ha sido intervenida, pero la obra propuesta ahora no hace sino agravar la situación ambiental. Desde el 2011 se han hecho dos diques, posiblemente para valorizar los terrenos. La CVC propone corregir estos diques, que están mal hechos y recuperar el humedal. Según expertos, los árboles que se talarán para construir la Terminal son los únicos que pueden mitigar en algo la emisión de gases de benzeno del antiguo botadero de Navarro.

Preocupa el tema de la valorización del predio y los intereses económicos que puedan estar detrás del proyecto, en contravía de una economía ambiental que privilegia la conservación de los recursos naturales. En el 2011, el lote ya había sido expropiado después de estar en manos de narcotraficantes. El último dueño lo vendió por $15 mil millones a Metrocali como predio urbano y lo habría comprado por $4500 millones como predio rural. De ser cierto, la motivación subyacente a este tipo de transacciones es la valorización privada de los bienes, con participación del Estado.

Hay una comunidad de pobladores que se siente afectada y que tiene todo el derecho a plantear su punto de vista. Han subrayado que el proyecto no estaba en el POT y que no fue discutido por la JAL y las JAC. Sus representantes piden la reubicación del proyecto y reconocen que la ciudad lo necesita. Proponen que la Terminal se reubique, por ejemplo en el antiguo autocine, como figura inicialmente en los documentos de Metrocali, que ahora afirma unilateralmente que el proyecto va allí porque va. A los pobladores también les preocupa el caos vehicular que se crearía con un sistema de transporte intermodal que coparía la Calle 42 y haría retornos por el barrio. Además, les preocupa el impacto en la salud por al aumento del tráfico, la accidentalidad, la calidad del aire y el ruido.

Un problema mayúsculo es que la obra ya fue contratada por 60.931 millones con Sainc. La zona en donde se construirán los patio talleres ya fue intervenida con la tala de árboles. Es una zona que debería protegerse además porque en ella se encontraban 4 nacimientos de agua de los que sólo queda uno. Si el proyecto no se realiza como fue diseñado y contratado, el Municipio debe indemnizar a los constructores.

La CVC ha tenido posiciones ambigüas sobre el predio. Al comienzo incluso afirmó que allí no había un humedal. Permitió que se le hicieran daños a este sin imponer sanciones ni medidas correctivas. La Alcaldía, que maneja un talante participativo con la comunidad, no ha sido consecuente con su retórica. Parece inclinarse por la obra civil más que por la iniciativa ambiental. Ha hecho las cosas al revés: ya contrató las obras y apenas ahora pide un concepto arqueológico del Icahn, no consultó antes con la comunidad y no hizo planificación urbana. Esperemos que este torcido e inconveniente proyecto se pueda aún enderezar.