Seguridad y adolescentes

Colombia es un país donde la seguridad personal deja mucho que desear, para expresar el problema con ponderación. Hemos mejorado en la última década, sin embargo aún continuamos teniendo índices de criminalidad inaceptablemente altos. Son muchos los factores que inciden para que así sea. Padecemos las secuelas del narcotráfico que nos avasalló imponiendo su ley, el actuar de la guerrilla que comete atentados con frecuencia para demostrar su fortaleza y el accionar de la llamada delincuencia común, fruto también de múltiples causas como las pandillas de barrio, el desempleo, la miseria, la falta de formación y lo que es más doloroso, la delincuencia de los menores de edad. Recientemente no sorprendió aunque sí nos dolió escuchar la noticia de un crecimiento del 30% en la criminalidad de menores de edad, que en Colombia son los menores de 18 años. Con muy buena intención Colombia suscribió la Convención Internacional de los Derechos del Niño cuyo objetivo es de proteger a los menores de edad y establecer políticas de recuperación distintas a las de los adultos en los casos de aquellos que cometan delitos. Como dice la ley, “Para efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la libertad solo procede para las personas que al momento de cometer el hecho hayan cumplido 14 o sean menores de 18. La privación de la libertad solo procederá como medida pedagógica”. Se considera por lo tanto que no saben discernir entre el bien y el mal. Por otro lado la ley admite que pueden casarse y trabajar con permiso a partir de los 14, lo cual induce a pensar que para estos menesteres si saben distinguir entre el bien y el mal, lo cual es incongruente. La ley actual limita la privación de la libertad a los criminales menores de 18 a unas penas mínimas. Hace algún tiempo me informaron de un sujeto apodado ‘matasiete’, por haber cometido siete asesinatos, iba a ser liberado. Existen dos direcciones para desestimular la criminalidad de los menores; ambas necesarias. Por un lado las positivas: educación, formación, bienestar, familias estables, etc. Por el otro, la imposición de penas que desestimulen las transgresiones a la ley. En el caso de los ciudadanos menores de 18 años esto no es posible en Colombia. Las penas que se permiten imponer son ridículas, si se tiene en cuenta el daño que se causa. “Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”. La fallecida exsenadora Gilma Jiménez que tanto defendió la niñez desde el Congreso, viendo lo que estaba ocurriendo, con muy buen criterio, propuso una ley más restrictiva que inexplicablemente no fue acogida por sus cándidos colegas. Los EE.UU. y Canadá, carentes de muchos de los factores negativos que promueven el delito en Colombia, también adhirieron el tratado pero imponen penas más severas a los adolescentes menores de 18 años, lo cual quiere decir que el tratado no es obstáculo insalvable para reformar nuestra legislación. Sobra decir que sus índices de criminalidad son sideralmente inferiores a los nuestros.La desproporcionalidad de las penas existentes no desestimula la criminalidad de los menores, pero lo que es peor, ha inducido a las bandas criminales y a las oficinas de cobro a contratar a los adolescentes, para que sean ellos los que cometan los delitos, a cambio de pago.El infierno está plagado de ingenuos y buenas intenciones.