Perdió Colombia

Julio 04, 2012 - 12:00 a.m. Por: Alfredo Carvajal Sinisterra

El presidente, Dr. Juan Manuel Santos, se empeñó en presentar y tramitar ante el Congreso una reforma a la Justicia. Inicialmente realizó reuniones con las Cortes para conciliar opiniones y tratar de llegar a acuerdos consensuados; misión imposible, ya que las distintas instituciones que gobiernan la Justicia tienen agendas propias. Cada Corte hala para su lado, y como individuos, sus miembros tienen intereses personales que no siempre están alineados con objetivos superiores. Difícil, por decir lo menos, que aceptaran abolir el Consejo Superior de la Judicatura, cuyas actuaciones han sido en algunas oportunidades censurables y su utilidad dudosa. Con el fin de conciliar opiniones diversas el proyecto inicial se fue desfigurando. No logró el Presidente ponerse de acuerdo en los términos de la reforma constitucional con las Cortes. El Gobierno fracasó en este propósito, como era de esperarse.Las instituciones que rigen nuestra Justicia se desprestigiaron ante la opinión pública por la actitud que asumieron ante varios postulados de la reforma. Luego al ministro, Dr. Esguerra, experimentado jurista, le correspondió la ardua tarea de tramitar un proyecto, ya previamente vulnerado por las opiniones de los magistrados, en las dos Cámaras del Congreso. Sus frecuentes declaraciones defendiendo el proyecto denotaban a leguas las dificultades que se le presentaron y los ingentes esfuerzos para mantener la coherencia y la sindéresis de la iniciativa. Se enfrentaron un buen número de opiniones opuestas, unas noblemente inspiradas y otras que respondían a propósitos personales. Finalmente prevalecieron éstas; nada extraño en un órgano gubernamental que ha perdido su brújula y su sintonía con la opinión pública. En las encuestas, el Congreso y el Senado siempre ocupan los últimos lugares en lo referente al prestigio y la credibilidad, entre las diversas instituciones del país. Los miembros del cuerpo legislativo prefirieron colgarle micos a una iniciativa trascendente para la convivencia ciudadana, con el propósito de que algunos evadieran cargos judiciales. En un país que ha sido víctima de la guerrilla y del narcotráfico durante tantos años, con las secuelas correspondientes en cuanto a la moralidad y al cumplimiento de las leyes que nos rigen, es indispensable tomar medidas que nos permitan tener una Justicia que nos ofrezca mayor confianza. Nuevamente falló el Congreso.Los colombianos anhelamos tener una Justicia menos politizada, desempeñada por magistrados probos que brinden la seguridad de que los fallos sean imparciales y ceñidos a la ley. Los jueces no han estado exentos a la contaminación de la corrupción. La ciudadanía aspira a que las sentencias sean oportunas y a que se destierre la impunidad. La morosidad en el sistema judicial es abrumadora. Los procedimientos operativos son antediluvianos; basta asistir a un juzgado para darnos cuenta. Las fotografías que se observan a diario en los medios de comunicación de los arrumes de expedientes delatan la ineficacia. Nadie duda de la necesidad de una reforma a nuestra Justicia que nos brinde la esperanza de una convivencia más tranquila, exenta de sobresaltos.Fracasó el Gobierno, se desprestigiaron las Cortes, y el Congreso ratificó su mala fama. Además se aniquilaron los anhelos de la ciudadanía por un tiempo largo. Difícilmente se vuelve a presentar pronto la oportunidad de un cambio constitucional para darle un marco reglamentario a nuestro aparato judicial que permita ofrecer una Justicia más confiable y eficaz.

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