Parálisis y corrupción

Julio 25, 2017 - 11:50 p.m. Por: Alfredo Carvajal Sinisterra

Las consultas previas fueron instituidas mediante sentencia de la Corte Constitucional en 1997, como un derecho ciudadano.

Este derecho de las comunidades es comprensible, limita los abusos del Estado, pero tal como quedó establecido y se está interpretando, no deja de ser ingenuo y nocivo. Se rechazan obras, que dudo mucho que perjudiquen “la integridad cultural, social y económica” de las comunidades, como reza en la Constitución.

Para ejecutar cualquier obra, como es el caso de la malla vial, las concertaciones toman un tiempo excesivamente largo, no hablo de meses sino de años lo cual encarece considerablemente su construcción. Las dilatadas negociaciones no solamente aplazan los beneficios, también se traducen en costos adicionales que deben pagar los contribuyentes. No se trata de pequeños montos, pueden alcanzar miles de millones.

En un recorrido que realicé en la vía en construcción que de Buga conduce a Buenaventura, pude constatar las viviendas, muy precarias por cierto, que se edificaban a medida que avanzaba la obra precisamente en el trazado que se debía acometer. Se concluía un tramo y brotaban nuevas viviendas. Se convirtió en un negocio concertado entre unos abogados y un grupo de la comunidad afrodescendiente. Obviamente ese contubernio exigía canonjías a los constructores, un simple chantaje que finalmente les toca pagar a todos los ciudadanos pobres y ricos.

Buenaventura necesita por razones de seguridad una nueva línea de conducción de energía, sin embargo, la empresa constructora desistió del proyecto ante la imposibilidad de concertar todos los tramos. El capricho particular prevaleció sobre el bien común. Los porteños continúan expuestos a cortes de energía.

En Colombia padecemos de una enfermedad en las obras públicas y en la Justicia, la paquidermia; lo que llega, si llega, tarda mucho tiempo.
Algunas regiones, de hecho, se convirtieron en dueñas del subsuelo prohibiendo la explotación minera en su territorio, contradiciendo lo que estipula la Constitución cuando afirma que el Estado (me imagino el que representa al país) es el propietario.

El habitual déficit comercial ha sido el talón de Aquiles de la economía colombiana. Nuestras compras en el exterior siempre han excedido las ventas. Así nunca podremos desarrollarnos.

En la década pasada tuvimos la fortuna de contar con la ayuda del petróleo para mitigar parcialmente este obstáculo. La mejoría fue palpable en el bienestar y en la reducción de la pobreza, lamentablemente no en la misma proporción en las brechas económicas. Su producción contribuyó considerablemente al fisco en más de un 20% del presupuesto. La reducción en el precio nos obligó a afrontar una dolorosa reforma tributaria.

Quienes pretenden prohibir la exploración y la producción petrolera ignoran las consecuencias de tener que importar combustible en el futuro. Continuar explorando no impide estimular el crecimiento de energías alternativas, cuya oferta a nivel mundial aún es incipiente.

Participo de la necesidad de cuidar nuestro Planeta para las nuevas generaciones. Sin embargo, estamos bastante lejos de sustituir el petróleo como fuente de energía. Aún no podemos viajar en aviones impulsados por energía solar, y francamente prefiero que se use la energía eléctrica o el gas y no se talen los bosques.

VER COMENTARIOS
Columnistas
Publicidad