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Otra reforma tributaria

En las nuevas normas debe predominar el bien común sobre las conveniencias políticas de nuestros gobernantes y congresistas. Un postulado difícil de lograr cuando estamos próximos a un certamen electoral

30 de marzo de 2021 Por: Vicky Perea García

En Colombia se ha vuelto costumbre legislar frecuentemente para modificar la tributación. En cada período gubernamental se modifica dicha legislación, no una sino en más de una ocasión, lo cual es un motivo de incertidumbre para los inversionistas. No deja de ser un obstáculo sobresaliente para la creación o establecimiento de nuevas empresas.
Quizás es uno de los motivos importantes para que quienes contemplen establecerse o crecer en Colombia, muchas veces desistan de hacerlo.

En esta oportunidad el gobierno ha anunciado, como de costumbre, una segunda reforma, para lo cual convocó una grupo de expertos extranjeros con el fin de escuchar sus apreciaciones. Su concepto lo resumió La República en el siguiente párrafo: “De hecho uno de los principales hallazgos de la Comisión es que el sistema no está alineado con los estándares y buenas prácticas internacionales. Además es ineficiente, complejo y poco progresivo. Esas ineficiencias han hecho que el recaudo en Colombia sea de 19,3% del PIB, un nivel que es inferior a la media de latinoamérica (23,05%) y a la de los países de la Ocde (33,88%)”. Repetidamente he calificado nuestras normas impositivas como una colcha de retazos, puesto que siempre se ha improvisado para tapar los huecos presupuestales.

Las ocasiones anteriores también se ha consultado con expertos de origen nacional, quienes han opinado casi lo mismo. Sin embargo, cuando se legisla, ya sea por culpa del gobierno o con mayor más frecuencia del Congreso, las disposiciones que prevalecen no corrigen lo que los expertos aconsejan. Ojalá en esta oportunidad sea diferente.

pesar de que las circunstancias actuales indican la mayor liquidez posible, para la recuperación de la inversión y la demanda pesa sobremanera el déficit fiscal, producto del alto endeudamiento y la emisión de efectivo que se vio obligado a realizar el gobierno a causa de los estragos de la pandemia. En mi concepto es quizás la ocasión con mayor justificación para aumentar y racionalizar nuestra tributación.

Se presenta una oportunidad para reformar la tributación. Uno de nuestros mayores obstáculos sociales y económicos para impulsar nuestro bienestar es la desigualdad prevalente. Nuestra legislación debiera ser más progresiva, desde hace años, gravando los ingresos personales y no como se ha anunciado, el ahorro; al mismo tiempo es necesario promover el empleo y desestimular la informalidad disminuyendo la excesiva carga actual a las empresas.

En las nuevas normas debe predominar el bien común sobre las conveniencias políticas de nuestros gobernantes y congresistas. Un postulado difícil de lograr cuando estamos próximos a un certamen electoral. No obstante, ahora más que nunca hemos presenciado las funestas consecuencias de la improvisación. El llamado a la solidaridad se impone.

Para que Colombia progrese se requiere una clase media pujante y económicamente sólida, sin demanda no hay producción, una inversión considerable en educación, unas regiones más sólidas e independientes, la desaparición de los territorios abandonados, la consolidación de nuevos emprendimientos que produzcan empleos, fortalecer nuestra balanza comercial mediante exportaciones diversificadas, con mayor valor agregado, al igual que lo hicieron Japón, Corea del Sur y China para desarrollarse.