Los culpables

Noviembre 18, 2015 - 12:00 a.m. Por: Alfredo Carvajal Sinisterra

A raíz del trigésimo aniversario de la toma del Palacio de Justicia, se ha abierto nuevamente el debate sobre sus causas y revivido las inculpaciones. Lo que más han destacado los medios informativos, fueron: las circunstancias que se vivieron durante el operativo, la escasez de vigilancia, la incapacidad del Estado de anticipar lo que iba a ocurrir, las desapariciones forzosas, la culpa del Ejército colombiano por su actuación, la responsabilidad del presidente Betancur, la falta de información debido a una orden de la Ministra de Comunicaciones, Nohemí Sanín, las discusiones sobre el juicio a los militares acusados, y la desatención de una llamada telefónica del presidente de la Corte, magistrado Reyes, al Presidente de la República.Casi ignoradas han pasado las causas primigenias y las circunstancias históricas que se vivieron entonces. El Sr. Pablo Escobar, exparlamentario, ordenó el asesinato del ministro Lara, lo cual indujo al presidente Betancur a establecer la extradición a los EE.UU., el arma más temida por los narcotraficantes, quienes obraban a su antojo, amedrantando y sobornando a las autoridades.Estas circunstancias provocaron una asociación diabólica. Se unieron el M-19 y los narcotraficantes, encabezados por Pablo Escobar, para perpetrar un crimen abominable, el asalto a la Corte Suprema, lo que dejó una cicatriz imborrable en los anales del país. Fue una acción terrorista, detalladamente planeada. Un golpe matrero en contra del Gobierno. Se pretendía intimidarlo para que aboliese la extradición y ponerlo de rodillas, mediante un juicio público a su máxima autoridad legítima, el Presidente de Colombia. Las demandas planteadas eran inadmisibles, de aceptarlas hubiese claudicado el estado de derecho.Seguramente en el fragor de la batalla existieron excesos, no premeditados, causados por las situaciones propias de un enfrentamiento armado. Posteriormente se han llevado a cabo juicios por delitos calificados como “desapariciones forzosas”, crímenes punibles, cometidos a espaldas de las autoridades militares, que dirigían el frente del combate, de acuerdo con sus testimonios. Lo difícil de comprender para un gran número de personas, es el hecho de que hoy permanecen detenidos, altos mandos del Ejército, mientras miembros del M-19, quienes posiblemente fueron autores intelectuales del asalto a la Corte, disfrutan de libertad, gracias la amnistía concedida por el Gobierno y ratificada por la Corte Suprema, lo cual cerró y selló el capítulo de su culpabilidad. Lo cierto es que para planear y ejecutar una acción tan temeraria y tan compleja, debieron invertirse muchas horas. Nada podía dejarse al azar. El crimen fue deliberado. En cambio para las FF.AA., su reacción exigía inmediatez, con escasísimo tiempo para responder, lo que induce a posibles errores. Allí reside la ventaja estratégica de un acto terrorista, el elemento sorpresa es definitivo.Ahora se pone en duda la conducta del Ejército y el Gobierno de entonces, víctimas de una agresión sorpresiva y contundente. Como si fuera poco, el Fiscal se propone reabrir el caso después de 30 años, lo cual resulta incomprensible, a no ser que existan razones ocultas. ¿Ocurrirá lo mismo, con la paz que se negocia? La defensa de la institucionalidad, de buena fe, debiera tener mayor solidaridad y menos enigmas.

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