Ley de financiamiento

No hay parte más sensible del cuerpo que el bolsillo. Cuando otra persona le mete la mano, la reacción es inmediata. La ley de financiamiento propuesta por el Gobierno Nacional nos la mete para exigirnos más contribuciones tributarias. Esta es la razón por la que los periódicos y la televisión se encuentran plagados de comentarios sobre el proyecto presentado ante el Congreso.

Las discusiones, como la extensión del IVA, son enriquecedoras para buscar las mejores soluciones posibles, sin embargo, vale la pena que los dirigentes políticos y gremiales piensen menos en el CVY (¿Cómo voy yo?) y analicen este proyecto de una manera integral, priorizando la salud del país y no tanto la de su gremio o partido político.

Corregir la norma tributaria actual, que parece una colcha de retazos, es difícil. Se compone de una sucesión de regulaciones casuísticas e improvisadas, expedidas aproximadamente cada dos años, con el propósito de tapar los rotos producidos por los continuos déficits fiscales. Se exige austeridad a la provincia, pero no se practica en la capital.

Al Gobierno le corresponde controlar los gastos de funcionamiento que aumentaron de $114,5 billones a $157,2, un 38 %, entre el 2015 y el 2019. Además, la deuda pública se incrementó en un 25 % entre el 2013 y el 2017. La austeridad se impone. El anuncio de recortes que hizo el presidente Duque debe ser prioritario.

Se debe leer la exposición de motivos, documento de 100 páginas, y las reformas propuestas, para juzgar que es un proyecto serio y bien estructurado, que responde a los postulados fundamentales de una norma para regular y aumentar la tributación. No se trata de una reforma integral y ha suscitado controversia en la ampliación del cobro del IVA, pero está bien fundamentada.

La nueva ley se cimenta sobre postulados básicos de una reforma tributaria que busca la equidad, procura la simplificación, cumple con el postulado de la progresividad estableciendo nuevas tarifas, más elevadas, para la renta personal, fomenta el crecimiento económico y el empleo, además lucha contra la evasión y la elusión. Otro de los lineamientos de este proyecto es la creación de puentes en la búsqueda de la formalización de los negocios, estableciendo el régimen unificado simple, favorable para los microempresarios.

En las leyes tributarias no se debe analizar exclusivamente el componente de los ingresos, es necesario considerar para qué se utilizarán los recursos adicionales. Se trata, en esta ocasión, especialmente de la educación universitaria pública, que, desde hace no poco tiempo, ha venido teniendo déficits estructurales.

Otro de los rubros importantes y onerosos en que se focaliza el gasto adicional es en la atención, por primera vez, de manera integral y sistemática, a las regiones denominadas periféricas o marginadas, donde hasta ahora ha gobernado el más fuerte, ya sea la guerrilla o el narcotráfico, donde los cultivos de coca florecen y son la sustentación económica preferida de sus habitantes. La institucionalidad constitucional se desconoce en esos remotos parajes, su población se encuentra incomunicada con el resto del país y sumida en la desesperanza. Incorporarla al resto de la nación es una tarea dispendiosa, larga y costosa, pero absolutamente necesaria, constituye actualmente un factor trascendente de inequidad.
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