Las licoreras

Septiembre 25, 2013 - 12:00 a.m. Por: Alfredo Carvajal Sinisterra

Hace poco tiempo escuché una entrevista del Secretario de Hacienda Departamental dando explicaciones a cerca de la Licorera del Valle.Buena parte del presupuesto del Valle proviene de los tributos del consumo del tabaco y de la operación de la Licorera y la Beneficencia; una norma conservada desde la colonia. Los ingresos de los departamentos se basan en el consumo del licor, del tabaco y del juego. En otras palabras entre más se consuma alcohol, se fume tabaco y se juegue a la lotería o el chance, mejor para las arcas regionales. En conclusión lo mejor es promover los vicios para captar mayores recursos.Este atavismo y profunda contradicción ya fue resuelto por casi todos los países Latinoamericanos, aboliendo el monopolio de los licores, para que el gobierno pueda ejercer como ente de control, su producción y su consumo. No es conveniente ser juez y parte, como ocurre hoy. El estado debe propender ante todo por el bienestar de los ciudadanos, regulando la fabricación, la calidad y la venta del licor.Con frecuencia vemos en los noticieros escándalos de corrupción por los manejos de las licoreras. No hace mucho tiempo se acusó al entonces Gobernador, Juan Carlos Abadía, de regalar un porcentaje alto de la producción de Aguardiente del Valle con fines electorales. No podemos olvidar las vallas pagadas por la Licorera, anunciando nuestra participación en los Juegos Nacionales, con imágenes de destacados deportistas vallecaucanos ataviados con sudaderas, y al Gobernador posando como uno de ellos.Son contadas en los dedos de una sola mano las empresas productivas estatales exitosas y rentables. Ocurre que para que así suceda se tiene que ejercer una lucha interna titánica para resolver las contradicciones inherentes a su propio gobierno. Conversando con un dignatario recién elegido, hace ya unos años, se le propuso acometer una obra importante para la región, cuyos beneficios se debían cosechar en el largo plazo y su respuesta fue clara y contundente: A mí me eligieron por cuatro años, por consiguiente tengo que ejecutar obras que se puedan apreciar durante ese período. La visión predominante es cortoplacista.Existe un dicho muy popular en el sector público: “El que viene atrás que barra”. En las negociaciones laborales se nota de manera evidente esta actitud. Si bien se es prudente con los salarios, las prestaciones sociales y en especial las pensionales, poco importan. Ese problema se les deja a los funcionarios que vengan después.La lealtad de los empleados públicos es más fuerte con sus jefes políticos que con sus superiores jerárquicos. Sus propósitos obedecen más a razones del orden político que al bienestar de las empresas donde laboran. Cuando se presentan contradicciones entre las finalidades empresariales y sus pretensiones políticas, la balanza se inclina hacia estas, afectando a las entidades.El juzgamiento de los méritos por desempeño en su trabajo de un empleado público no es trasparente. Los méritos políticos pesan más que los derivados en razón de su labor. La meritocracia tiene por lo tanto un enemigo muy fuerte para que se imponga en las entidades estatales. El aporte que una persona pueda ofrecer en la próxima votación, tiene un valor que sobrepasa con creces los méritos por el desempeño en su cargo. La eficiencia poco importa.Finalmente, los funcionarios públicos son inestables en sus cargos, por lo tanto la dirección de las empresas estatales sufren esa misma enfermedad.

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