La justicia

Julio 30, 2014 - 12:00 a.m. Por: Alfredo Carvajal Sinisterra

Las leyes surgen de la predisposición del género humano a vivir en comunidades, donde la cotidianidad nos demanda el ejercicio de relacionarnos, y por consiguiente, la necesidad de regular dichas relaciones para vivir en armonía, sin agredirnos unos a otros. Las normas son indispensables para la convivencia, reglamentan las relaciones entre las personas que por su naturaleza son sociables. Pues bien, la autoridad judicial desempeña un papel de primordial importancia para aclimatar una convivencia civilizada y en paz. Los jueces debieran ser los ciudadanos más probos y respetables. Es preciso que sus decisiones sean sabias para que logren ser acatadas por la inmensa mayoría, sin chistar. La confianza juega un papel fundamental. Sin embargo esto no está ocurriendo en Colombia. Existen muchos reparos a las decisiones de los jueces. Se habla de corrupción y politización de la justicia a diario. No existe tampoco seguridad en sus fallos. Con frecuencia se contradicen. Lo que está aconteciendo es muy grave, se ha perdido la confianza y la respetabilidad de nuestro sistema judicial y de sus protagonistas.Al margen de las simpatías o antipatías que nos generen los acusados, voy a referirme solamente a unos casos recientes. El Sr. Andrés Camargo exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, quien mereció elogios por su desempeño en una época, fue condenado porque las lozas de Transmilenio fallaron debido a que el cemento utilizado en las calzadas se fracturó, a pesar de que a él, la empresa constructora le había asegurado que una sustancia utilizada para acelerar la fragua, no afectaba la estabilidad del material. Tiene que pagar cinco años de cárcel y los honorarios de un prolongado juicio. Sin embargo los verdaderos culpables, quienes de buena o mala fe se equivocaron, están libres. El exministro Andrés Felipe Arias contrató al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, perteneciente a la OEA, para administrar el programa Agro Ingreso Seguro, por considerarlo el más idóneo e impoluto, igualmente como lo habían hecho varios ministros que lo antecedieron para otros menesteres. No obstante fue acusado de contratación indebida y negligencia en la defensa del patrimonio del Estado, razón por la cual fue condenado a 17 años de cárcel y al pago de $30.000 millones, a pesar de que no se apropió de un solo peso. Mientras presenciamos estos casos, continúan impunes los enriquecimientos ilícitos o se dilatan sus juicios en el tiempo. La destitución del alcalde Petro y su restitución en el cargo fue un sainete representado en múltiples actos sucesivos. Fueron varios meses de incertidumbre y aún existen dudas de la legalidad. Todos los días nos desayunábamos con novedosas teorías jurídicas diferentes. Su restitución fue ordenada por la Sala Agraria del Tribunal de Bogotá, después de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de todas las altas cortes, la Procuraduría, las principales autoridades del gobierno ejecutivo incluido el Presidente. Indudablemente existen también jueces probos y diligentes, pero los escándalos por los desatinos de sus colegas, opacan las decisiones acertadas y oportunas. Las encuestas de opinión confirman que no existe confianza en nuestra Justicia y sin este esencial ingrediente, no es posible lograr una paz duradera.

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