Futuro incierto

Febrero 15, 2012 - 12:00 a.m. Por: Alfredo Carvajal Sinisterra

Hace tres años y medio estalló un carro bomba frente al Palacio de Justicia de Cali, donde se llevaban los procesos judiciales de la delincuencia, llámense narcotraficantes, paramilitares, o guerrilla. El daño causado inutilizó la edificación. Un año antes, otra bomba destruyó el cuartel de la Policía. Ambos atentados perpetrados por las Farc.El Palacio de Justicia aún, después todo este tiempo, no ha sido reparado, lo cual ha obligado a los juzgados, a operar en múltiples locales totalmente inadecuados. Se trata de una edificación que bien hubiese podido ser restituida a su funcionalidad original en un año, si se contase con la voluntad política del Gobierno Nacional, pero este ha sido sordo e indiferente. La seguridad ciudadana depende de muchos factores, entre los cuales la operatividad de la Rama Judicial es fundamental. En marzo del año pasado estalló una bomba en Caloto, al norte del departamento del Cauca. En junio de ese mismo año explotó otra en Popayán. Recientemente dos bombas adicionales estallaron en el Suroccidente de Colombia, una en Tumaco y otra en Villa Rica, ocasionando quince muertos, 11 civiles y cuatro policías; dos más se desactivaron en Miranda y Jambaló. Todos estos atentados fueron oficialmente atribuidos a las Farc. A las acciones subversivas descritas se les debe añadir, para una mejor comprensión de la zozobra que se vive, el abultado número de asaltos a poblaciones. El último ocurrido el sábado pasado en Villa Colombia, en las goteras de Cali. El Gobierno Nacional respondió recientemente atribuyendo el accionar de la guerrilla a estertores de una subversión agónica, ojalá sea cierto, y prometió realizar una estrategia militar más efectiva. Si bien es innegable que una mejor estrategia castrense puede resultar efectiva en el corto plazo, la paz en esta región no se consolida con acciones represivas únicamente. Desde hace mucho tiempo la subversión, al igual que el narcotráfico, se ha ensañado en este territorio donde no existe simplemente una zona estratégica para el contrabando de armas y sustancias alucinógenas, sino que también imperan condiciones que constituyen un abono excelente para estimular con vigor el crecimiento de las actividades ilícitas.Los indicadores sociales del Pacífico y de las zonas rurales de los departamentos del Cauca, Nariño y Putumayo son alarmantes. Los publicados por Luis G. Restrepo, en su columna del domingo, son un ejemplo fehaciente. Buena parte de la clase dirigente de las capitales de esos departamentos ha emigrado hacia Bogotá y algunos pocos a Cali, en busca de horizontes más promisorios. La mejor decisión para el futuro de las personas que habitan en la región del litoral Pacífico es migrar. Para un ciudadano con ambiciones de progreso su región nativa no le ofrece nada seductor.El Gobierno Nacional se solaza mirándose al ombligo y ha descuidado la periferia, en especial la costa occidental. Francamente no se comprende cómo solamente ahora estén construyendo una carretera adecuada a Buenaventura, la cual aún no sabemos, hasta cuándo, tomará concluirla. Dragar el puerto más importante del país, a una profundidad claramente insuficiente, es toda una lucha. Para consolidar la paz en el Suroccidente colombiano se requiere un plan integral que incluya medidas efectivas para resolver el problema de la marginalidad de una población que demanda oportunidades de progreso. Las tan cacareadas regalías son un paliativo, pero de ninguna manera constituyen la solución magistral, como se ha venido anunciando.

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