Controversia pensional

Se anuncia un paro convocado por la dirigencia sindical para protestar por un proyecto que modificaría nuestras normas pensionales que aún se desconocen. El único adelanto se refiere a las edades para acceder a ese derecho, puesto que el presidente Duque en su campaña presidencial prometió no modificarlas, y lo ha reiterado ejerciendo el cargo.

Las falencias de nuestro régimen actual son evidentes, desde hace mucho tiempo. Los gobiernos anteriores habían pateado el problema hacia adelante, probablemente por ser un tema complejo, sensible, y de difícil comprensión. Al gobierno actual se le debe atribuir el valor de abocarlo.

Se resalta, con razón, como uno de los temas importantes de la actualidad económica y social debido a que contribuye a la inequidad producida por la ampliación de las brechas en los ingresos, a pesar de las tasas de crecimiento económico. Para disminuirlas se requiere tomar diversas medidas, entre las cuales no se debe ignorar el tema pensional. En otras ocasiones he mencionado también las diferencias geográficas en los ingresos y la concentración económica en la capital. Las normas actuales permiten dejar expósito a los adultos mayores que no están cubiertos por el sistema pensional, entre el 70% y el 75% del total, un hecho que puede calificarse como dramático. Actualmente se encuentran obligados a acudir a sus familiares o a la indigencia.

A la informalidad laboral se le atribuye la principal causa de esta inequidad, circunstancia que en nuestro país llega a ser entre el 50% y el 60%. Quienes obtienen su sustento en la informalidad no cotizan al sistema, lo mismo les ocurre a los trabajadores temporales. Por esta razón se necesita legislar en materia tributaria y laboral para hacer atractivo el tránsito a la formalidad. Ante esta anomalía el gobierno ha tenido que crear modestos subsidios, destinados a quienes carecen de la pensión, con cargo al presupuesto nacional.

La partida pensional del presupuesto es cuantiosa, $43 billones. Omitiendo que la atención de la deuda equivale al 20% del total. Lo lamentable es que gran parte de esta cuantiosa partida presupuestal está destinada a pagar pensiones de cuantías altas. Como es de suponer, la mayor proporción de los $43 billones se destinan a atender los compromisos con los empleados públicos, cuyas normas son laxas (existen jubilados de 40 años), y el resto a complementar las pensiones correspondientes a Colpensiones, para las cuales no se hicieron las reservas necesarias para honrarlas; coincidencialmente son las más altas.

Las tendencias poblacionales muestran claramente que la longevidad se ha acelerado considerablemente en las últimas décadas, y en cambio la tasa de fecundidad va en picada. Las parejas hoy en día restringen el número de sus descendientes. Así que cada vez aumenta más el número de jubilados y disminuye la población productiva. Las personas mayores de 60 años se han multiplicado en las últimas décadas y la tasa de natalidad pasó de 3,1 hijos a finales del siglo a 2,3 actualmente.

No sería justo con las generaciones venideras dejarles por herencia la obligación de sostener con su trabajo un inmenso número de pensionados, beneficiando a quienes hoy se pueden jubilar a una edad temprana.