Contratación fraudulenta

Se ha generado un escándalo mayúsculo con motivo del caso Odebrecht, sin duda, muy justificado. Al común denominador de la gente le encantan los escándalos, así que la comidilla de cualquier conversación hoy en día es: ¿Cómo te parece a dónde hemos llegado? Se trata de un evento de corrupción estatal que abarca muchos países de Latinoamérica, de una suma colosal, US$ 788 millones; lo que es más grave, involucra a las más altas esferas de los gobiernos, incluyendo varios presidentes. En lo que nos concierne, es otro caso de los que brotan en nuestro querido terruño, con la particularidad de la dimensión, US$11 millones y el involucramiento de la más alta alcurnia política, la campaña presidencial del doctor Santos y la de su contrincante, Óscar Iván Zuluaga del CD.

Lo triste del caso fue que se dio a conocer por actuación del sistema judicial norteamericano, el nuestro no lo detectó, como seguramente ha acontecido en otras ocasiones. El origen primigenio fue en el Brasil. Nació gracias a procesos contra el gobierno de Dilma Rousseff y su mentor, Lula da Silva. Si no hubiese ocurrido así, es muy probable que los sobornos que hoy se ventilan, permaneciesen ocultos ante la opinión pública. Dudo mucho que este sea el único caso de contratación fraudulenta en nuestra región. Muy probablemente existen otros aún desconocidos debido a la ineficacia de nuestros sistemas de fiscalización y de justicia, o por ocultamiento intencional, en razón del amiguismo o el colegaje. Sin duda, en casos como el de Venezuela, el Ecuador y Bolivia, en donde se practica la autocracia y se limita la libertad de opinión, la corrupción campea.

En nuestro país muy probablemente reaccionemos como lo hemos hecho en el pasado, estableciendo nuevas normas jurídicas, que añadidas a la maraña de las actuales, dificulten aún más la contratación, además de ocultar la claridad y transparencia que debe existir en las transacciones. Somos alambicados, llenos de reglas, parágrafos, apartes, incisos, etc., lo cual permite muchas veces, ocultar los ilícitos; al final, nadie resulta culpable. Partimos de una constitución larga y casuística.

En Colombia generalmente le atribuimos la culpa de la corrupción a las normas que nos gobiernan, cuando el problema está en la probidad de las personas. “Perro come huevo, aunque le quemen el hocico”. Los electores deberían juzgar con mucho mayor rigor las conductas previas de los candidatos, su integridad, su rectitud, la ética de sus actuaciones. Quienes tienen el poder de designar, deberían ser mucho más estrictos en la exigencia moral de las personas que nombran.

En las entidades privadas, cuando se multiplican los robos, se obra sobre quienes tienen la responsabilidad de detectarlos y evitarlos, los auditores. Desconozco la razón por la cual continuemos con el mismo inoperante sistema de fiscalías y contralorías. Su ineficacia deja mucho que desear, y lo que es peor, los contribuyentes deben pagar una fronda burocrática innecesaria. Estimo que los sistemas de elección presentan inocultables anomalías. La selección la llevan a cabo las mismas personas que deben ser vigiladas. No existe independencia. La reciente actuación de Néstor H. Martínez en el caso Odebrecht, lo confirma. La sumisión al gobierno, del anterior fiscal, el doctor Montealegre, fue vergonzosa.