Pasos seguros

Estas últimas dos semanas han estado colmadas de episodios de altísima importancia e impacto en las economías mundiales y en el modo de vida que todos tenemos. El primer impacto se ha dado por la evolución que ha tenido el Covid-19 y cómo todos a través de las redes sociales y los medios de comunicación contamos casos reales y ficticios, además de ser víctimas del pánico generalizado. Así mismo vemos cómo las medidas que toman los distintos gobiernos son insuficientes para detener el avance del virus. En un segundo plano y no menos importante ha sido la batalla comercial que se desató entre Rusia y Arabia Saudita que ha llevado al precio del barril de petróleo a niveles inconcebibles hasta hace unos pocos meses. Esta mezcla nefasta ha acaparado por completo los espacios de los medios de comunicación, los programas de opinión y nuestras conversaciones diarias.

Al mismo tiempo, en nuestro país en estas dos semanas también han ocurrido hechos de gran trascendencia y tristeza que han pasado desapercibidos para la mayoría. Me voy a referir a un caso puntual que merece ser analizado por lo que implica; es la muerte de una niña de 12 años y un joven de 17, quienes el domingo 8 de marzo fueron víctimas mortales de una mina antipersona en el resguardo indígena Murrí Pantano, municipio de Frontino en Antioquia.

Desde la década de los 80 se tienen indicios de la existencia de minas antipersona en el territorio colombiano y el país ha vivido este terrible flagelo que ha dejado 11.801 víctimas de los cuales 1206 son niños. Estas cifras macabras y frías no pueden generar un conformismo o volvernos apáticos frente a esta triste y cotidiana realidad.

Durante los últimos años el gobierno ha realizado un gran esfuerzo en desminar el territorio y ha logrado declarar 391 municipios sin sospecha de minas. La naturaleza del conflicto colombiano en los últimos años ha generado que grupos al margen de la ley vuelvan a contaminar el territorio y que las víctimas por minas pasaran de su nivel más bajo en el año 2017, 57 víctimas a 108 para el 2019. Es importante igualmente mencionar que el perfil de la víctima en estos últimos tres años también se ha modificado, pasando de ser en su mayoría personas que portaban uniforme para los años anteriores al 2017, a ser personas civiles para los años posteriores.

No nos podemos permitir como sociedad que los distintos grupos armados continúen infectando el territorio con este tipo de artefactos. Durante el 2019 se presentaron nueve menores de edad víctimas de minas antipersona o munición sin explosionar. En lo corrido de este año ya tenemos ocho menores de edad en esta condición. El costo que como sociedad pagamos por tener nuestro territorio contaminado con estos objetos es altísimo y si le damos la espalda a las comunidades que sufren este flagelo solo estaremos ampliando brechas de desigualdad, así como negándoles la posibilidad de superar sus situaciones de marginalidad.

Una comunidad que vive en medio de un territorio contaminado por minas antipersonal o munición sin explosionar, es una comunidad que vive en medio del miedo. Es una comunidad que realiza sus desplazamientos con zozobra y sospecha, que envía a sus niños a estudiar en medio de la incertidumbre de volverlos a ver sanos y salvos.
Como sociedad debemos condenar estos comportamientos, rodear a las comunidades y procurar recuperar un territorio 100% libre de minas. Para que los niños puedan caminar con pasos seguros.