A invertir en educación

Hay un tema, como pocos, que logra poner de acuerdo a la mayoría de los colombianos. La inversión en educación más que una buena acción de política pública es una obligación del Estado. El Ministerio de Educación tiene uno de los presupuestos más grandes del país, sin embargo, este parece diminuto frente a las necesidades del sector. Los problemas son de calidad, cobertura, pertinencia e infraestructura, entre muchos otros.

Quisiera centrarme en solo uno de estos problemas, la infraestructura.
Cuando recorre uno las instituciones educativas de Colombia se evidencia una gran inequidad, desde grandes colegios con capacidad para más de 2 mil estudiantes hasta pequeños kioscos sin paredes y con techos de paja. Estas diferencias se dan sin distinguir si son públicos, privados, rurales o urbanos. No existe una regla que permita inferir la calidad de la infraestructura de una institución educativa en Colombia.

Según cifras del Ministerio de Educación, Colombia cuenta con 42.933 sedes oficiales y 325.728 aulas en dichas sedes. En el último informe emitido por la alianza Niñez Ya, se evidencia que la gran mayoría de las instituciones educativas tienen problemas de infraestructura, están ubicadas en sitios de riesgo o presentan otros inconvenientes que afectan la experiencia educativa de los estudiantes. Hay cifras del informe que son extremas como el hecho que el 85% de las instituciones no cumplían en el 2020 con las normas de sismo resistencia.

En otro estudio de la Universidad Javeriana en 2021, que vinculó a 1373 establecimientos educativos, en los que el 65% eran oficiales y 35%, privados, se determinó una alarmante precariedad frente al acceso a servicios públicos de calidad. El 41% de los colegios analizados no cuenta con agua potable constante y el 30% necesita adecuar sus baterías sanitarias.

Pero la precariedad en la infraestructura escolar no es por falta de estudios o lineamientos en la política pública. Por el contrario, el Ministerio cuenta con excesivos análisis y guías que buscan la estandarización de la misma. Sin embargo, cuando se va a la práctica y se trata de implementar esa política, resulta poco eficaz dadas las condiciones específicas, tales como el terreno y los costos de la infraestructura planteada.

Pareciera entonces que lo recomendable sería establecer unos mínimos alcanzables en cuanto a estándares básicos de servicios públicos, baterías sanitarias y tamaño de los salones. Soluciones de infraestructura que permitan la escalabilidad del proyecto de forma tal que las comunidades o los municipios pudieran hacer inversiones parciales que les permitieran en el tiempo contar con instituciones educativas ajustadas a la norma.

Hoy el problema es de todo o nada. O se cuenta con un terreno que cumpla las condiciones y la totalidad de los recursos para construir un colegio de cerca de 7 mil millones de pesos o no se puede hacer nada.
Esto lo único que está logrando es perpetuar el problema, aumentar las brechas y evitar poder ofrecer a los niños unas mejores condiciones en sus instituciones educativas.

Creo que es el momento de unirnos en una gran campaña para garantizar una infraestructura mínima de calidad en las casi 43 mil instituciones educativas del país. Debe ser una de las tareas del nuevo congreso y del gobierno entrante. Garanticemos que todos los niños de Colombia tengan un pupitre, un baño y un tablero digno para entonces enfocarnos en la calidad de la educación que están recibiendo.
¡Empecemos ya!
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