De vida o muerte

En los últimos diez días, la Administración de Santiago de Cali, en cabeza del secretario de Seguridad Carlos Alberto Rojas, ha anunciado al menos tres planes para enfrentar la situación de inseguridad que azota la ciudad, dos de estos como respuesta al atroz hecho de violencia que les arrebató la vida a cinco jóvenes en el sector de Llano Verde.

Lamentablemente la situación es crítica por toda la ciudad, no sólo en el Oriente. Y no se soluciona con una tanda de planes improvisados que revelan la ausencia de una estrategia efectiva. Se necesita liderazgo y conocimiento serio para salir de una crisis que amenaza la vida y la propiedad de los caleños, y con ello la estabilidad de una ciudad golpeada social y económicamente por el Covid y en tránsito de reactivación.

Las voces que llaman la atención sobre la urgencia de intervención social en el borde que conecta los sectores de Comuneros, Valladito y Llano Verde aciertan en que la desigualdad y el hambre son el combustible que alimenta la violencia, pero ningún esfuerzo de atención humanitaria y prevención social de la violencia tendrá resultados si la estrategia de autoridad y control es ineficaz y errática.

En este sentido, resulta de vida o muerte poner en marcha un programa y acciones que mitiguen en el menor tiempo posible el impacto de la situación que vivimos.

Primero, Cali ha sido modelo en acción conjunta Policía-Ejército en las zonas de mayor complejidad en violencia homicida del Oriente y Ladera, las comunas 13, 14, 15, 18, 20 y 21. Llegó la hora de desplegar esa capacidad en todo el territorio urbano bajo dirección del comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, en especial en el corredor norte-sur conformado por las comunas 2, 17, 19 y 22, que constituye un eje crítico en lo que a hurtos e invasiones respecta.

Segundo, la Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo (Unipol) ha sido un medio fundamental para contener y reducir la violencia en el oriente. Es urgente aumentar y accionar en Cali, de la mano de la Policía Nacional, las unidades necesarias de este recurso durante lo que resta del año.

Tercero, la Emavi de la Fuerza Aérea dispone de un recurso de vigilancia destinado al entorno de la infraestructura de la Base Aérea Marco Fidel Suárez. Este recurso debe apoyar acciones de patrullaje, contención y control de la Policía en las comunas 6, 7 y 8. Los ciudadanos de todas las comunidades no aguantan un robo más.

Cuarto, de la mano de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional debe priorizar Cali para acciones de fondo de la Dipol y de la Dijin. La ciudad repetirá tragedias una y otra vez mientras no se den golpes judiciales contundentes y se envíe un mensaje claro de orden.

En el cuatrienio entre 2007 y 2011, Cali entró en un espiral de criminalidad que sufrió el aumento de los homicidios de 66 por cien mil habitantes a 81, por la falta de una estrategia de seguridad y nula coordinación entre alcaldía y autoridades del orden. En los últimos ocho años, con aciertos y desaciertos, las administraciones encararon la delincuencia con una estrategia integral que redujo la tasa de homicidios paulatinamente hasta llegar a 45 por cien mil en 2019.

El promedio nacional es de 24, indicador alto e inaceptable. Esperamos, por el bien de Cali, que no estemos repitiendo una historia de equivocadas prioridades y estrategias para asegurar la tranquilidad ciudadana; los malos momentos de los últimos ocho meses, en especial de los últimos días, generan alarma. Hay tiempo para corregir.