Política y religión

Un representante a la Cámara con una Biblia en la mano, para sustentar el argumento de que este libro sagrado está por encima de la Constitución, fue la imagen estelar de la semana pasada en la Tv., durante el debate sobre la adopción de niños huérfanos por parte de personas solas u homosexuales. Yo sabía que en Israel algunos grupos especialmente conservadores consideran que La Torá (los cinco primeros libros de la Biblia) es la norma máxima por encima de la ley civil, frente a la cual no hay apelación. Pero no pensé que esto pudiera ocurrir alguna vez en Colombia.

Uno de los pasos gigantescos que dio la Constitución de 1991, para modernizar nuestras costumbres políticas, fue eliminar el carácter confesional del Estado colombiano, es decir, separarlo de cualquier tipo de orientación religiosa. Los obispos nunca estuvieron de acuerdo con esta transformación porque consideraban que se debía respetar el “hecho católico”: si el 80% de los colombianos era católico, el Estado debía asumir esta religión como la suya. Pero contra esta posición debemos afirmar claramente que un Estado verdaderamente democrático, racional y moderno debe ser laico. No puede casarse con una religión, pero tampoco debe convertirse en enemigo de una creencia en particular. Por el contrario, debe ofrecer garantías para que sus asociados decidan libremente el tipo de religión al que quieren pertenecer y conformen sus iglesias para practicarla.

Separar la Iglesia del Estado fue una decisión de inmensa trascendencia porque precisamente la mezcla de política y religión fue uno de los principales factores que condujo al enfrentamiento entre conservadores y liberales en los años 1950, que dio como resultado más de 200.000 muertos en lo que se conoce como la época de La Violencia, preludio de las violencias actuales. Los miembros de ambos partidos eran profundamente creyentes: los conservadores iban a misa de diez y los liberales a misa de once. Pero la Iglesia Católica decidió apoyar al Partido Conservador y de esta manera contribuyó a convertir el exterminio mutuo en una ‘cruzada religiosa’. En los años 1960 la Iglesia afortunadamente comprendió su error y llevó a cabo transformaciones importantes en su orientación, después del Concilio Vaticano II.

La religión es sin lugar a dudas una forma de regulación de la vida colectiva, de la que es difícil prescindir, mientras no exista una ‘moral laica’ que la reemplace en esa función. Eso lo saben todos los gobernantes desde Maquiavelo y por eso de manera hipócrita fungen como creyentes y devotos ante las galerías. Pero otra cosa muy distinta es que una confesión religiosa particular se case con el poder político y desde esa posición pretenda imponerse coactivamente sobre los ciudadanos y exterminar a sus rivales. En Estados Unidos la religión tiene una inmensa fuerza como elemento regulador de las costumbres, hasta el punto de que se considera que “un hombre sin religión no puede ser un hombre honesto”; pero eso ha sido posible gracias a que allá la religión ha funcionado más como un asunto exclusivo de la vida privada (como debe ser) que como un asunto público, es decir, como aliada del poder político.

La mayoría, “en nombre de Dios”, no puede imponer en un referéndum el desconocimiento de los derechos de los niños desamparados porque eso iría contra la noción de igualdad y contra el derecho de las minorías, que son los fundamentos de una democracia. En buena hora se hundió la propuesta de la senadora ‘liberal’ Vivianne Morales, que negaba a los huérfanos la posibilidad de tener un hogar, un afecto y un futuro. La mezcla de política y religión ya la vimos en el plebiscito y se nos viene encima en las próximas elecciones presidenciales.