Las marchas

Los sectores más conservadores se asustan con frecuencia por las movilizaciones colectivas que hemos conocido en Colombia en los últimos meses. Algunos tratan de desvirtuarlas por carecer de motivos que realmente las justifiquen y los más extremos proponen intervenirlas con mano dura. Pero si vemos las cosas con un espíritu tranquilo lo que tendríamos que reconocer es que existe algo positivo en estos sucesos, que podemos plantear de entrada: un paso adelante en la superación de la violencia como forma de expresión de los problemas ciudadanos.

Existen al menos tres formas de expresión de los conflictos sociales o de salida a las reivindicaciones populares. Para comenzar, los mecanismos institucionales que ofrece un régimen democrático como el nuestro. La Constitución Política de 1991 es un documento pleno de formas de participación y de gestión. Pero cuando estos recursos no funcionan (como ocurre a menudo) las alternativas que quedan son dos: las movilizaciones populares en las calles o, como conocemos en Colombia desde siempre, las múltiples formas de violencia. Y frente a esto la pregunta que tenemos que hacer es por el país que queremos: un país con violencia o un país con movilizaciones sociales. Esta última es sin lugar a dudas la vía más sensata, ante la falla de los mecanismos institucionales.

El punto de partida para entender lo que está sucediendo es darnos cuenta que hay muchas cosas que han cambiado en los últimos años y una porción importante de los sectores dirigentes parece no comprenderlo. Las múltiples formas de la violencia que conocimos en los últimos setenta años se convirtieron en un inmenso bloqueo (casi podríamos decir saboteo) de la expresión libre de los ciudadanos. Más aún, importantes sectores políticos apelaron el recurso del temor a los violentos como forma de contener la solución de las demandas sociales aplazadas. Las negociaciones de la Habana, guste o no a sus enemigos, han abierto la posibilidad de que los habitantes se expresen a través de movilizaciones colectivas, sin que la violencia amenace su desarrollo.

Y el problema es hasta qué punto el gobierno ha sabido sintonizarse con la nueva situación, estar a la altura de los nuevos tiempos, escuchar efectivamente el mensaje que proviene de las calles, en lugar de promover una especie de ‘regreso al pasado’ o de desvirtuar las movilizaciones con la idea de un complot venido del exterior. Durante las semanas de receso de fin de año el Gobierno se ha dedicado a hacer exactamente todo lo contrario a lo que las demandas ciudadanas proponen: una reforma tributaria que libera de impuestos a los ricos sin ninguna garantía de que eso se traduzca efectivamente en más empleo y que finalmente lo que logra es una sociedad más desigual como dice el expresidente Gaviria; un fortalecimiento de los mecanismos represivos, coqueteos con el fracking y demás.

Colombia durante mucho tiempo funcionó como un régimen oligárquico, en el que los grupos en el poder decidían a su antojo la marcha del país sin tener como interlocutor a las inmensas masas populares. El canal de comunicación eran los partidos políticos Liberal y Conservador, que servían de forma de legitimación de las decisiones. Pero este modelo se rompió y las élites políticas parecen no darse cuenta. Lo menos que podría hacer el Gobierno en este momento, para evitar una deriva hacia un gobierno populista en el futuro inmediato, que no sería bueno para el país, es precisamente atender las demandas que provienen de las calles, sintonizarse con la ciudadanía y tomar decisiones audaces, que se anticipen a los problemas y los resuelvan a través de mecanismos institucionales, de tal manera que no haya que apelar al inmenso costo social que las marchas representan. La alcaldesa Claudia López, como comentó M.E. Bonilla en este periódico recientemente, está mucho más sintonizada con la realidad del país que el propio Presidente, que anda ahora en Suiza.