La corrupción

La corrupción

Septiembre 05, 2017 - 11:40 p.m. Por: Alberto Valencia Gutiérrez

En Colombia ha existido corrupción desde siempre, reducida a sus “justas proporciones”, como decía el expresidente Turbay. Sin embargo, en los últimos años se ha desbordado: cada día se descubre un escándalo nuevo en los más diversos niveles de la administración y el último capítulo que conocemos es que llegó a las altas cortes de Justicia, uno de los nódulos fundamentales del Estado de Derecho. Y mucha gente se pregunta angustiada qué fue lo que ocurrió, por qué no nos habíamos dado cuenta. La respuesta es más sencilla de lo que parece.

El Estado colombiano en su lucha contra las guerrillas combinó durante décadas los medios institucionales y legales de que dispone con prácticas ilegales (torturas, desapariciones, apoyo a grupos paramilitares). Entre estos dos extremos se mantuvo una tensión a lo largo del tiempo e incluso algunos gobiernos emprendieron cruzadas contra el recurso a la ilegalidad. Sin embargo, con el crecimiento y la degradación del conflicto armado desde finales de los años 1980 se fue imponiendo la idea de que para responder a la amenaza era indispensable e ineludible apelar a recursos por fuera de la ley.

Esta convicción llegó a su clímax después del fracaso de las negociaciones del Caguán y con la política Seguridad Democrática de Álvaro Uribe. La ilegalidad dejó de ser una situación excepcional y se entronizó en el propio corazón del Estado. El Presidente no vaciló en nombrar en altos cargos a antiguos partidarios del paramilitarismo, a funcionarios con procesos judiciales vigentes, a personas vinculadas con el narcotráfico como el general Santoyo. Además de las ‘chuzadas’ y los ‘falsos positivos’, de las mentiras y los engaños, un tercio de los miembros del Congreso contaban con el apoyo de grupos paramilitares. Y mientras esto ocurría la galería aplaudía. La opinión no se indignaba con el paramilitarismo. El pánico se había apoderado de todo el mundo hasta el punto de considerar que el uso de prácticas ilegales era un ‘mal necesario’, que había que aceptar sin pensar en las consecuencias.

Muchos consideraban que para derrotar a los grupos armados había que utilizar medios non sanctus como ocurrió en Perú con Sendero Luminoso. Fabio Echeverri, un líder antioqueño muy conocido por sus ‘frases célebres’, decía que había que dejar a Uribe “cuatro añitos más” para que terminara su tarea con sus “métodos irregulares” y después buscar fórmulas para reparar los daños y restaurar la democracia. Pero era ingenuo pensar que se podía combatir la ilegalidad de los grupos armados con ‘prácticas ilegales’ promovidas desde el Estado y pensar que después todo iba a regresar a la normalidad. El que “siembra vientos cosecha tempestades”. La lógica del “todo vale” hizo metástasis en ámbitos distintos a su lugar de origen, y se transformó en una profunda crisis moral e institucional, representada por una corrupción que invade todas las esferas del Estado. La negociación con las Farc era indispensable precisamente para evitar que la degradación de las instituciones no fuera mayor.

La gran tragedia colombiana es que en el momento en que se necesitaba de un Estado legítimo para combatir los grupos armados que amenazaban a la sociedad se produce todo lo contrario: la desinstitucionalización. El desborde de los niveles de corrupción no es otra cosa que la secuela que nos ha quedado de la degradación que sufrió el Estado en su combate contra las organizaciones armadas, apelando a medios ilegales. Muchos columnistas advertimos en su momento las consecuencias nefastas que tenía para el futuro del país apelar a este tipo de políticas. Y los resultados están a la vista. Necesitamos un país decente.

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