Conocer la historia

Colombia está viviendo en este momento una crisis de carácter institucional que corre el riesgo de convertirse en una grave crisis de legitimidad del ejercicio del poder y de la autoridad, de consecuencias impredecibles, si no se reconoce y asume a fondo, sobre todo ad portas de un debate electoral. La legitimidad formal en una democracia depende del cumplimiento estricto de unas reglas de juego, previamente establecidas, para la escogencia y elección del gobernante. Sin embargo se requiere también que, más allá de la crítica y la oposición, exista un grado importante de consenso frente a la legitimidad del mandato otorgado, sin que éste tenga que recurrir a la fuerza, como en las dictaduras. La legitimidad puede perderse y el poder tiene que luchar de manera permanente por conservarla.

Los gobiernos anteriores, con excepción de Ernesto Samper (que con el Proceso 8000 sobrevivió milagrosamente), han contado, en mayor o menor medida, con cierto grado de legitimidad entre la población.
Algunos incluso, como es el caso por excelencia del primer mandato de Álvaro Uribe, han logrado un acatamiento a sus políticas por un alto porcentaje de los ciudadanos. El presidente Duque no ha tenido la misma suerte.

En primer lugar, por haber sido elegido en una polarización, en la que una porción decisiva de los votos que lo eligieron, fueron en contra del candidato opositor. En segundo lugar, porque su carta de presentación no provenía de sus propios méritos, sino de una delegación. Mientras su mentor mantuviera un alto grado de aceptación, su legitimidad se sostenía. Pero el problema es que la figura de Álvaro Uribe se ha venido resquebrajando y ha perdido buena parte del reconocimiento que tuvo en sus momentos de gloria. Y la verdad es que el Presidente parece no contar con los medios para sobreponerse a esta situación.

Los sucesos actuales están relacionados precisamente con esta pérdida de legitimidad del ejercicio del poder: el retorno de las masacres (“homicidios colectivos”), los asesinatos de líderes sociales, las diversas formas de ‘guerra contra la sociedad’, los desmadres de la Policía y el Ejército son un resultado del descontrol que impera. Más que situaciones aisladas estos sucesos aluden a la crisis profunda de los marcos institucionales en que los agentes estatales actúan. Los policías o soldados ejecutores de algunos de los homicidios, a pesar de las atrocidades, son menos responsables que los mandos que están por encima de ellos.

Conocer la historia para no repetirla. La pérdida de legitimidad del ejercicio del poder ha sido históricamente una de las causales fundamentales de las revoluciones o de los grandes periodos de violencia. La ‘violencia’ de los años 1950 se generalizó a partir de mayo de 1949, con el rompimiento de la Unión Nacional entre conservadores y liberales, que se había creado en los días posteriores al 9 abril para restablecer la concordia; y se consolidó en el momento en el que los liberales se retiraron de las elecciones de noviembre de ese mismo año, ganadas por Laureano Gómez, en el clímax de su desprestigio. La legitimidad del poder quedó a la deriva y la violencia alcanzó la terrible cifra de 50.000 muertos en 1950. Ante esta circunstancia hubo que apelar al gobierno militar de Rojas Pinilla y, más adelante, al Frente Nacional para recuperar la legitimidad perdida y poner fin a los enfrentamientos.

La situación actual evoca la de 1949. Hemos vivido desde hace mucho tiempo bajo la ‘hipoteca’ de un expresidente que, por evitar ser sometido a un proceso judicial de responsabilidad, ha sacrificado el destino de los ciudadanos, sin importar que el orden social se derrumbe o se abran las puertas de un nuevo período de violencia de proporciones inconmensurables. La suerte del país depende del desenlace de este proceso y de la manera como sea apropiado por los dirigentes políticos. La iniciativa está en las Cortes y en el ejercicio limpio del Derecho.