Una oposición débil, la gran fortaleza de Dilma Rousseff

Al menos por dos caminos se busca que la sucesora de Lula da Silva deje la Presidencia antes de terminar su periodo.

Será que el próximo 5 de agosto, cuando se inauguren en Río de Janeiro los primeros Juegos Olímpicos realizados en América del Sur, Dilma Rousseff seguirá siendo la  presidenta de Brasil?

La pregunta tiene sentido en la medida en que combina dos de las grandes preocupaciones que por estos días aquejan a los habitantes del país más grande del subcontinente: la inminente salida del Ministro de Deportes, a cinco meses del inicio de las importantes competencias, ha llevado a que muchos teman  que no habrá espacio carioca que no sea tocado por   la ebullición política que hoy sacude  a Brasil.

Pero todo indica que la continuidad de la Mandataria parece algo más complicado de resolver que la organización de los Olímpicos. No solo porque las obras, según se dice, ya están bastante avanzadas, sino porque los opositores de la sucesora del carismático y ahora controvertido Luiz Inácio Lula da Silva están decididos a sacarla del Palacio do Planalto lo antes posible.

Como se sabe, la Presidenta fue acusada de manipular las cuentas públicas en el 2014 y de financiar su campaña electoral con fondos ilegales.

“Para que las cuentas no se vieran en rojo, negativas, el Gobierno tomó préstamos de unos bancos públicos para pagar especialmente las mensualidades del programa social Bolsa Familia”, cuenta un analista que pide omitir su nombre por ser funcionario estatal.

La vía formal

El ‘impeachment’ formal, proceso político  de responsabilidad por un crimen cometido por un gobernante, es la primera vía por la que Dilma podría verse obligada a dejar la Presidencia tras haberse descubierto ese “maquillaje” de las cuentas públicas.

“En ese caso el que asume es el vicepresidente, que es Michel Temer, y el encargado de adelantar el proceso es el Legislativo, según lo dispone el Artículo 85 de la Constitución Federal de Brasil”, explica Daniel Campos de Carvalho, profesor de derecho internacional de la Universidad Federal de Sao Paulo.

Reitera que, de ser ese el escenario, Temer, integrante del Partido Movimiento Democrático Brasileño, Pmdb, no caería,  porque los cargos solo se le atribuyen a la Mandataria y agrega que se espera que en un mes la Cámara de Diputados haga su pronunciamiento sobre él para que pueda avanzar al Senado.

En ese escenario, anota Marco Antonio Sabino,  periodista y abogado de la misma universidad, el Gobierno tendría que estar encabezado por el partido del nuevo Presidente (probablemente ocupando ministerios importantes como la Casa Civil y Hacienda).

Según él, actual presidente en Brasil de la agencia Llorente & Cuenca, ya  existen “contactos declarados” entre el presidente nacional del Partido de la Social Democracia Brasileña, Psdb,   senador Aécio Neves (que perdió las últimas elecciones con Dilma por cerca del 1 % de los votos), y el Vicepresidente.

Agrega que “detrás de escena, otro líder de la oposición, el senador José Serra, también del Psdb, pero de un ala diferente a la de Neves, también ha hablado con Temer”, lo que cada vez le da más solidez a la probabilidad de que este sea el camino para que Dilma  Rousseff renuncie.

No obstante, la fuente estatal sostiene que Temer, considerado por algunos como un enemigo íntimo de la Presidenta, ha tratado de presentarse como su  sucesor natural, “pero la verdad es que tiene poca aceptación de los brasileños”.

Y añade: “Creo que esta es la gran dificultad para Brasil luego de la caída de Dilma: no hay ningún postulante fuerte a sucederla”.  

Impugnación

La otra opción por la que los opositores ya intentan lograr   ese mismo propósito es mediante la impugnación del grupo de candidatos elegidos para el Gobierno, que, contrario a la primera vía, sí vincularía también al Vicepresidente.

De acuerdo con el profesor Campos de Carvalho, se trata de un recurso judicial que se tramita actualmente ante el Tribunal Superior Electoral, TSE, máxima instancia carioca frente al tema, y cuya decisión deberá conocerse antes de junio próximo.

La Constitución dispone que si un fallo de esta naturaleza se produce durante los dos primeros años del mandato, se deberá llamar en el plazo de 90 días a nuevos comicios presidenciales y que quien  debería asumir el poder de manera interina sería el presidente de la Cámara de Diputados.

Sin embargo,  Eduardo Cunha, igualmente  perteneciente al Pmdb, y quien ostenta en estos momentos ese cargo, “también enfrenta muy serias denuncias de corrupción en su contra, solo que con menos repercusión en los medios de comunicación”, dice el analista que trabaja para el Gobierno.

Ahora bien, algunos expertos coinciden en afirmar que si bien esta vía le daría un amplio favoritismo a los candidatos de los partidos contrarios a Dilma y a Lula, también es cierto que no tiene precedentes en la historia brasileña.

Quiénes serían

Si bien el senador Neves sería la carta más probable que presentaría la oposición ante unas elecciones cortas,  no es el único aspirante a asumir ese liderazgo.

Sobre él, el analista estatal dice que, siendo el principal adversario de Dilma, luego de su derrota no se hizo presente en los debates. “Es decir, no asumió el liderazgo de la oposición”.

También estarían Geraldo Alckmim, actual gobernador de Sao Paulo y quien compite por el espacio dentro del Psdb con Neves. “Tendría dificultades para dejar el Gobierno de Sao Paulo”, dice  Sabino respecto a él.

José Serra, otro senador y quien ya se  postuló para presidente contra Dilma en su primer mandato, sería igualmente candidato. No obstante, según los analistas, en su contra tiene  el poco apoyo con el que cuenta dentro de su partido, el Psdb, y su edad (73 años).

“Es un político que nunca se da por vencido y puede incluso cambiar de partido para ser el candidato”, plantea sobre Serra  el  directivo de Llorente & Cuenca.

Quien también aspiraría a sustituir a la Mandataria carioca de manera temporal o definitiva, en caso de que ella no llegue hasta el 31 de diciembre de 2018, cuando termina el periodo constitucional para el que fue elegida, es la senadora del Amazonas Marina Silva, quien maneja un discurso ambiental y se ubicó tercera en las dos últimas elecciones.

Para Sabino, “las  posibilidades de cada uno son poco claras. La clase política brasileña sufrió un desgaste sin precedentes, y lo más probable es que se le dé paso a un nuevo nombre, sin pasado político. Sin embargo, el problema es que este liderazgo hoy no existe en Brasil”.

Por todo ello, el sueño de Lula, de presentarse a los comicios del 2018 y volver a la Presidencia da la República un año después parece alejarse cada vez del horizonte brasileño. Todo, dice el funcionario estatal en voz baja, porque el Partido de los Trabajadores, PT, cometió el error de dejar que Dilma aspirara a la reelección inmediata sabiendo ya que la recesión económica era una bomba que se cernía sobre la nación carioca con funestas consecuencias también en lo político.

El peso de las marchas

Los analistas reconocen  que la presión popular, aquella que el domingo 13 de marzo ya llevó a más de un millón de personas a marchar por las calles de las principales ciudades de Brasil, cada vez está más fuerte.

”Si la presión de las  calles logra sensibilizar a los parlamentarios, el ‘impeachment’ seguramente será aprobado”, sostiene Marco Antonio Sabino.

Sin embargo, reconoce  que pocas  veces Brasil ha estado tan radicalizado: “Los pro y contragobierno se agreden constantemente en las redes sociales y, más recientemente,  en las calles”.

”Es muy probable  que, dependiendo del clima político en el momento del ‘impeachment’ y de  la situación del expresidente Lula, enfrentamientos entre grupos armados puedan tener lugar en algunas partes del país”, agrega con preocupación.

 Largo recorrido

Para que las 15  sesiones de la comisión de ‘impeachment’, compuesta por 65 integrantes,  tengan validez, deben también ocurrir otras tantas plenarias de la Cámara de Diputados. 

Dilma Rousseff  cuenta con 10 sesiones para presentar sus descargos.

Una recomendación  favorable a un juicio de destitución debe ser aprobada por los dos tercios de la Cámara (342 de 513 diputados) y ratificada por mayoría simple en el Senado (de 81 escaños).

Entonces la Mandataria  sería apartada de su cargo por 180 días. Y su destitución definitiva ocurriría si el Senado la votase al cabo de todo el proceso por mayoría de dos tercios (54).