Suspenden interrogatorio de la infanta Cristina de España

Un juez suspendió la declaración como imputada de la infanta Cristina en un caso de corrupción, después del recurso presentado por la Fiscalía.

La justicia suspendió este viernes el interrogatorio a la infanta Cristina de Borbón hasta que se resuelva un recurso de la fiscalía contra la imputación de la hija de los reyes de España. La Fiscalía consideró en su escrito de apelación, presentado también el viernes, que no existen indicios de la implicación de la infanta en la presunta trama de malversación de fondos públicos que afecta a su marido. Poco después de registrarse el recurso, el tribunal de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, que investiga el caso ordenó suspender la citación de Cristina, fijada inicialmente para el 27 de abril. Un grupo de jueces de la Audiencia Provincial de Baleares deberá resolver el recurso. La deliberación podría durar semanas. De confirmarse la imputación, se anunciaría una nueva fecha para la comparecencia de la infanta. En ese caso, Cristina será defendida por Miquel Roca, un prominente abogado y ex político catalán. Roca, de 72 años, fue uno de los siete "padres" (redactores) de la actual Constitución española, vigente desde 1978, y diputado en el Parlamento durante casi 20 años. Si por el contrario, los magistrados estiman el recurso y que la imputación no procede, la hija de los reyes Juan Carlos y Sofía no tendría que presentarse a declarar y quedaría libre de sospecha. La infanta volvió a acudir a su puesto de trabajo en la Fundación La Caixa de Barcelona sin hacer declaraciones. Su flamante abogado tampoco quiso pronunciarse sobre las últimas novedades del caso. "He hablado con ella (la infanta)", admitió Roca a los reporteros en la puerta de su despacho de abogados en Barcelona. "Tengo unos ciertos años, una cierta experiencia profesional, un estilo y una trayectoria que quiero respetar y no voy a hablar de temas profesionales".José Castro, juez instructor de Palma de Mallorca, consideró que la infanta pudo ser "cómplice" de las supuestas actividades delictivas de su marido Iñaki Urdangarín. Castro sostiene que el yerno del rey y su socio se apropiaron supuestamente de unos 5,6 millones de dólares en subvenciones públicas asignadas entre 2004 y 2006 a un instituto sin ánimo de lucro relacionado con el mundo del deporte que presidía Urdangarín. Cristina, de 47 años, formaba parte como vocal de la directiva del instituto en cuestión. En un auto hecho público el miércoles, el magistrado cuestionó que la infanta desconociera los beneficios económicos que obtenía su marido usando de manera supuestamente irregular el nombre de la monarquía. La imputación es una figura legal que coloca a la infanta bajo investigación judicial, aunque formalmente no está acusada de delito alguno y no significa que vaya a sentarse en el banquillo. Pero Cristina, séptima en la línea de sucesión al trono de España, es el primer familiar directo de los monarcas imputado judicialmente, lo que ha provocado un gran revuelo en una sociedad muy sensible a escándalos de corrupción en un momento de recesión y con el desempleo en el 26%. En un intento por calmar las aguas, el gobierno reveló que la monarquía acepó participar de la llamada ley de transparencia, una ambiciosa reforma que tramita el Parlamento que, por un lado, pretende fiscalizar las administraciones y, por otro, facilitar el acceso de los ciudadanos al gasto de dinero público. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría precisó que el acceso público a las cuentas de la Casa Real tendrá algunas restricciones. Pero no precisó cuáles. El gobierno se había mostrado reticente a someter la monarquía, que ostenta la jefatura del Estado, a la ley de transparencia, argumentando que ninguna corona del entorno europeo hace algo similar. El rey Juan Carlos y su hijo el príncipe Felipe disponen de un salario anual por su papel en la jefatura del Estado. El monarca cobró 292.752 euros (359.649 dólares) brutos en 2012. Felipe percibió 141.376 euros (173.688 dólares). La corona como institución recibe una asignación anual de dinero público, que fue de 10,14 millones de dólares en 2012, un 2% menos con respecto al año anterior.