Siguen aumentando restricciones de Rafael Correa a prensa de Ecuador

Agosto 05, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Verónica Lucía Villaruel | Corresponsal de El País, Quito

La no entrega de pauta oficial afectará a medios independientes, como los diarios Hoy, El Comercio, El Universo, La Hora y a los canales de Tv. Ecuavisa y Teleamazonas.

El cerco a los medios de comunicación independientes en Ecuador se estrecha cada día más. Las últimas medidas adoptadas por el gobierno del presidente Rafael Correa son una clara demostración de eso, según voceros de la prensa en el país. La polémica Ley de Comunicación y el Código de la Democracia, que establece restricciones para la difusión de información electoral, no son los únicos mecanismos que Correa tendría para afectar aún más la labor de la prensa, que siente sobre sí la presión de un gobierno que no acepta críticas. El último golpe del Gobierno a los medios de comunicación, según denuncian periodistas y gremios, es la restricción al acceso a la publicidad oficial y también a la información. “El acoso se ha convertido en una estrategia política frente al poder”, según dijo César Ricaurte, de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios (organización que ha recibido amenazas de cierre), quien incluso ha presentado acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues para él, en Ecuador el Gobierno violenta la libertad de expresión. Los recientes casos de acciones legales contra el diario El Universo y los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, (autores del libro Gran Hermano), sumados a decenas de procesos judiciales abiertos en los juzgados sin que sean resueltos, se han convertido en un mecanismo de presión que evidencia una persecución a la prensa desde lo judicial, sostiene Ricaurte.Pero éste clima adverso propiciado desde el ‘Régimen’, por el propio Presidente de la República y por el Jefe de Propaganda, que se especializa en generar política de descrédito contra los periodistas, se traslada también en restricciones para el acceso a la información y afectaciones en el ámbito económico, según afirma Diego Cornejo, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep).El presidente Rafael Correa prohibió a sus ministros acudir a entrevistas en medios de comunicación privados calificados por él como “mercantilistas”, argumentando que atacan con mentiras al Gobierno y que son negocios privados con fines de lucro. El presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Vicente Ordóñez, advierte que la postura “incoherente” del Gobierno porque, por un lado, con su legislación, obliga a los medios a entregar información contrastada, pero por el otro los priva de la posibilidad de verificar la noticia con información oficial.“Esta disposición buscaría más fundamentos para sancionar a los medios con base a una disposición del mismo Estado”, afirmó Ordóñez. “Los medios privados tienen una mayor difusión y el Estado debería aprovechar para poder rendir cuentas de su trabajo, y no solo a través de los públicos que no tienen la misma capacidad de transmisión”, explicó el dirigente.Las restricciones a la pauta oficialEn su última alocución sabatina, el presidente Correa anunció la disposición del Gobierno de no pautar publicidad oficial en ciertos medios de comunicación privados. “No tenemos porque, con dinero de los ecuatorianos, beneficiar el negocio de seis familias de este país. No me manda publicidad oficial, se acabó”.Para Cornejo, esa medida es una política discriminatoria que ejerce el Jefe de Estado con recursos que no le pertenecen a él, sino a la ciudadanía. “Lo que busca es asfixiar a los medios independientes y con eso eliminar la libertad de expresión de los periodistas y ciudadanos”, añadió. Por su parte, el periodista Ricaurte afirma que la decisión anunciada por Correa es un mecanismo “sofisticado” contra las empresas de comunicación. El vocero de Fundamedios afirma que en el país hay una política estatal de premiar o castigar con la publicidad, según la línea editorial del medio, tras enfatizar que el Gobierno está atentando contra los tratados internacionales de derechos humanos, contra la Convención Interamericana, que condena que el uso de publicidad y la renovación de frecuencias de radio y televisión sean utilizados como forma de censura, tal como ocurre en Ecuador. La estigmatización, otra armaRicaurte advierte que desde el Gobierno existe un nivel de persecución en el discurso estigmatizante donde descalifica y denigra de los periodistas, incluso al punto de exhibir sus imágenes en los enlaces presidenciales. En las últimas semanas, el Presidente ha expuesto las fotografías de periodistas a quienes los acusa de poco éticos, de mala fe y de ser enemigos del Gobierno.“Los expone como si fueran los criminales mas buscados, los pone en riesgo, pues inmediatamente se producen amenazas en contra de estos periodistas”, aseguró el representante de Fundamedios.La persecución a la prensa también se evidencia en una acción contra la Revista Vanguardia. El martes (31 de julio), empleados del Ministerio de Relaciones Laborales ingresaron a las instalaciones de la publicación para incautar los equipos. El Gobierno procedió al embargo de bienes a la Editorial Minotauro, que hace la revista, por dos juicios coactivos, que incluyen una multa de US$ 29.000.Al respecto, el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, indicó que el embargo contra Vanguardia respondió a una acción laboral, en donde el Gobierno actuó dentro de la ley, sin embargo, para los periodistas y directivos de la revista, la medida es por represión política. Para Juan Carlos Calderón, director de Vanguardia, esta acción es un ataque más por haber denunciado actos de corrupción durante este y los últimos gobiernos. “Es un asunto administrativo en el que no tenemos que ver, lo que hizo el Gobierno es incautar nuestras herramientas de trabajo. Es una medida absolutamente desproporcionada y sin fundamentos”, dijo. Según Calderón, este medio es víctima de una permanente persecución. Para ello cita, por ejemplo, que el Ministerio del ramo realiza inspecciones laborales una vez por año, pero Vanguardia ha recibido seis inspecciones en éste año. “Se inventan cualquier pretexto para intentar cerrar o impedir nuestra labor, nos han quitado las herramientas de trabajo”, agregó.El periodista reconoce que esta “persecución” afecta el trabajo, sin embargo, cree que ese ha sido el precio a pagar por intentar hacer un periodismo crítico frente a un Gobierno que no acepta la crítica. “El Gobierno quiere que callemos, pero lo que hacemos es un trabajo totalmente sustentado”, manifestó. Frente a la situación, César Ricaurte sostiene que en los últimos años se ha ido tejiendo una red de reglamentos y decretos que están cercando y restringiendo la labor de los medios. Por eso considera que en este gobierno se ha establecido mayor acoso y el nivel de polarización que se ha alcanzado es inédito y no es gratuito. La polarización sería entonces una política de Estado encaminada a lograr que la población se politice y empuje los cambios que para el Gobierno son necesarios, y en ese escenario, ha puesto a los medios de comunicación en el lado de “los malos, y al Gobierno en el lado de “los buenos”, explica el periodista.Esto, añadió el comunicador, lo reconoció el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, en entrevista concedida a la revista Gatopardo, en la que aseguró que se trata de cercar a los enemigos. Para ello, utiliza una metáfora “un jardinero debe podar todos los días la mala hierba”, entendiéndose que para el Gobierno, la mala hierba es la prensa.Para el jurista Santiago Guarderas, representante legal de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), que demandó por inconstitucional el Artículo 203 del Código de la Democracia, (que prohíbe elaborar reportajes o notas sobre los procesos electorales, puesto que podrían ser tomados como campaña política), el propósito del ‘Régimen’ es crear una mordaza a medios de comunicación y periodistas con restricciones, leyes y embargos que violentan normas que defienden los derechos humanos. Para la Corte Interamericana acciones como no pautar ni permitir entrevistas a medios privados es discriminatorio y atenta contra la libertad de expresión. A los periodistas, según lo que se vive en Ecuador, sólo les queda acudir a acciones jurídicas que la Constitución prevé para defender su oficio, aunque, según el abogado Guarderas, hoy existe desaliento e indefensión, pues todas las instancias del Estado, inclusive las judiciales, dependen del Gobierno.

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