Se agudiza crisis política en Argentina por reforma judicial

Abril 20, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Patricia Lee | Corresponsal de El País, en Buenos Aires
Se agudiza crisis política en Argentina por reforma judicial

Cientos de opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se congregaron en la Plaza de Mayo para darle un cacerolazo.

La propuesta que cursa en el parlamento y que busca reformar la justicia en Argentina, según los opositores, limita el uso de medidas cautelares en contra del Estado.

Mientras las cacerolas sonaron en todo el país junto con gritos en contra la corrupción, el estado de las obras públicas, la inflación y la inseguridad, el jueves, en el parlamento aprobó parcialmente los seis proyectos de ley que reforman la justicia en Argentina.Los proyectos para “democratizar la justicia” limitan el uso de las medidas cautelares contra el Estado, reducen el poder de los jueces, amplían las facultades del Consejo de la Magistratura (organismo encargado de nombrar y destituir a los jueces) y crea una nueva instancia judicial, la Cámara de Casación en las ramas civil y comercial, laboral y contencioso administrativa. Los proyectos incluyen medidas como que los jueces paguen impuestos a las ganancias, publiquen sus declaraciones juradas, se conozcan por internet las decisiones judiciales y se nombre a empleados judiciales por concurso. Sometimiento judicialLo fundamental son las medidas para modificar la composición del Consejo de la Magistratura, que, según Cristina Kirchner, “es un organismo de dirección y conducción política”. “Si uno forma parte de un organismo que dirige, debe estar sometido también a las reglas del conjunto del poder político”, agregó. La oposición asegura que esta medida avasalla la independencia del poder judicial y busca someterlo a la mayoría política de turno.El Consejo de la Magistratura, que nombra y destituye a los jueces, pasará de 13 a 19 miembros que serán elegidos por voto universal y se modifica la actual mayoría para decidir el nombramiento o remoción de un juez, que es de dos tercios, pero que se reducirá a una mayoría simple. Los consejeros serán elegidos en las próximas elecciones internas de agosto y los candidatos deberán presentarse como postulantes de los partidos políticos.Así, el partido que gane las elecciones tendrá la mayoría en el organismo y podrá controlar la justicia. El kirchnerismo cuenta hoy con 8 de los 13 integrantes de ese cuerpo y con sólo 2 consejeros más logrará la mayoría.La ampliación de los miembros del Consejo de la Magistratura y su elección popular “conllevan la partidización y politización” del órgano y “el régimen de mayorías para la selección y acusación de los jueces derivará en un Poder Judicial subyugado al humor de eventuales mayorías electorales”, dice el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Andrés Andrés Gil Domínguez.Amenazas de inconstitucionalidadLa limitación de las medidas cautelares contra el Estado ha metido una cuña en las filas del kirchnerismo. La intención del Gobierno es asegurar que sus decisiones no puedan ser desacatadas ni cuestionadas, como ocurrió con la Ley de Medios Audiovisuales, que obliga a los monopolios de medios a desprenderse de sus licencias de radio y televisión. Según analistas, esto pone en riesgo las libertades individuales, porque implica que los ciudadanos quedarán indefensos ante decisiones que consideren que los perjudican, como es el caso de los millones de jubilados que demandan ante la justicia las sumas que se les adeudan. No es casual que haya sido el dictador Juan Carlos Onganía, quien, a fines de los años sesenta, abolió el amparo y las medidas cautelares.La creación de cámaras de casación tiende a restarle peso a la Corte Suprema de Justicia y agrega otra instancia judicial que “dilata sin razón el tiempo de los procesos y diluye el sentido último de la Corte Suprema como máximo intérprete de la Constitución”, agrega Gil.La Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces en el país, señaló que “estos proyectos pretenden terminar con el carácter de poder del Estado de Justicia haciendo depender a los jueces de un órgano dominado por la mayoría electoral circunstancial”.

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