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Roban expediente de asesinato de ambientalista hondureña

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, de la OEA, demandó una investigación del robo al que calificó como "una grave irresponsabilidad" de la magistrada llevar ese expediente en el vehículo.

30 de septiembre de 2016 Por: Elpaís.com.co l AFP

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, de la OEA, demandó una investigación del robo al que calificó como "una grave irresponsabilidad" de la magistrada llevar ese expediente en el vehículo.

Desconocidos que robaron el vehículo a una magistrada se llevaron el expediente judicial de las investigaciones sobre el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en marzo pasado, informó este viernes la fiscalía en Honduras.

El Ministerio Público dijo en un comunicado que el pasado miércoles fue asaltada la magistrada de la Corte de Apelaciones Penal, María Luisa Ramos, "quien llevaba consigo el expediente del asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Cáceres".

Lea también: Cuatro detenidos por asesinato de ambientalista hondureña Berta Cáceres

Agregó que la entidad conformó un equipo de agentes encargado de investigar el robo, aunque aclaró que esas acciones no detendrán el trabajo de investigación del asesinato de Cáceres, a cargo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC.

El portavoz del MP, Yuri Mora, dijo que la investigación pretende también determinar "qué andaba haciendo ese expediente en un carro".

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, de la OEA, demandó una investigación del robo al que calificó como "una grave irresponsabilidad" de la magistrada llevar ese expediente en el vehículo. Cáceres, quien era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, fue asesinada el 3 de marzo por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza.

Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, luego de denunciar que personal de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A., DESA, la amenazó de muerte por manifestarse con indígenas contra la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.

Seis personas están presas por el crimen, entre ellas un empleado de DESA, pero los familiares de la ambientalista y Copinh exigen investigar a los autores intelectuales. 

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