Presidenta argentina, enredada en un laberinto político y judicial

Presidenta argentina, enredada en un laberinto político y judicial

Febrero 15, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Patricia Lee / corresponsal de El País, Buenos Aires

El primero en señalar a la Presidenta fue el fiscal Alberto Nisman quien apareció muerto con un tiro en la cabeza en su apartamento.

El viernes pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue imputada por el supuesto intento de encubrir a los iraníes acusados de realizar, en 1994, el atentado de la AMIA, la mutual judía en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas. Si bien imputar no significa que el acusado sea culpable, la denuncia del fiscal Germán Pollicita reviste una enorme gravedad institucional y política.El texto de Pollicita sigue el razonamiento del fiscal Alberto Nisman, encontrado muerto en su apartamento con un tiro en la cabeza el 18 de enero, cuatro días después de formular la denuncia de encubrimiento contra la Presidenta. Para Pollicita, la firma del Memorando de Entendimiento entre Argentina e Irán en 2013, tenía por objeto producir el levantamiento de las órdenes de captura internacionales de Interpol para que los supuestos autores del atentado de la AMIA quedaran impunes, todo esto, a cambio de aumentar el comercio con el país pérsico. Para ello, el gobierno de Fernández se habría valido de una diplomacia paralela, gracias a los servicios de los dirigentes de agrupaciones populares Luis D’Elía y Fernando Esteche, quienes aparecen en miles de horas de grabaciones telefónicas hablando con el supuesto representante informal de Irán en el país, un argentino llamado Jorge Khalil, quien a su vez habla a Teherán con Mohsen Rabbani, secretario cultural de la embajada iraní en Buenos Aires en 1994 y uno de los principales acusados como autor del atentado. El viernes mismo, el Gobierno presentó ante el juez Daniel Rafecas, quien deberá decidir si investiga la denuncia o la desestima, un escrito en el cual considera que “no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter ‘indiciario’, que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la Presidenta de la Nación” y que los hechos considerados en la denuncia “no tienen entidad, siquiera, para constituir una mera pista o huella de un proceder delictivo”. El texto del Gobierno recuerda que fue el mismo canciller argentino Héctor Timerman quien escribió a Interpol una carta en la que explica que “ni la firma del Memorando ni su entrada en vigor producen cambio alguno” en el requerimiento de captura internacional. Hace un mes, el exdirector de Interpol, Roland Noble, respaldó la posición de Timerman destacando que el Gobierno nunca pidió levantar las alertas rojas. La imputación de Pollicita no significa que se haya comprobado la comisión de ningún delito, ni en su escrito pide, como había hecho Nisman, la indagatoria de la Presidenta. El fiscal requiere una larga batería de pruebas, que incluye la desgrabación de miles de horas de escuchas telefónicas. Solo después, si el juez considera que existe un grado de sospecha verdadero, se podría llegar a indagar y eventualmente procesar a la Mandataria, que quizás en ese momento, ya no se encuentre en el poder. Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, estimó que “no hay pruebas de que la Presidenta haya hecho un acuerdo para la impunidad” de los iraníes. La misma opinión sostuvo León Arslanian, para quien el juez debería desestimar la denuncia, porque no hay “ni siquiera el comienzo de ejecución, ni un acto preparatorio de un acto delictivo”. Gravedad institucional Aunque las derivaciones jurídicas estén todavía por verse, la denuncia reviste una enorme gravedad institucional y política, más aún a la luz de la violenta muerte del fiscal Nisman, que sigue sin esclarecerse. Los voceros del Gobierno respondieron a la imputación calificándola de “golpismo judicial activo”. Aníbal Fernández, secretario General de la Presidencia, señaló que era una “maniobra de desestabilización democrática”. La diputada oficialista Juliana Di Tullio afirmó que “es un golpe de Estado en proceso desde un sector del Poder Judicial”.Los dirigentes opositores destacaron, por el contrario, la gravedad de la acusación, en medio de un año electoral. El expresidente radical Julio Cobos señaló que “no es normal tener un país con un vicepresidente procesado y una presidenta imputada”, recordando que Amado Boudou está procesado por la justicia. “Que se impute a un jefe de Estado por encubrir el terrorismo es algo muy grave”, dijo Ernesto Sanz, de la Unión Cívica Radical. La actual crisis política tiene sus raíces en la impunidad del caso AMIA. Desde que sucedió el atentado, en 1994, no hay culpables. Después de un juicio escandaloso que terminó con la liberación de todos los acusados, el entonces presidente Néstor Kirchner nombró a Alberto Nisman a cargo de la investigación, quien en 2006 acusó a Irán del atentado y logró que Interpol librara órdenes de captura internacionales contra cinco iraníes. Pero tras la muerte de su esposo, Cristina dio un giro de 180 grados y decidió buscar un acercamiento con Irán, firmando el Memorando de Entendimiento de 2013, que establecía una Comisión de la Verdad para tomar declaraciones a los acusados en Teherán. El acuerdo nunca funcionó, porque Irán no lo ratificó y la justicia argentina lo declaró inconstitucional.El acuerdo produjo un quiebre interno en Argentina: la comunidad judía lo repudió y Nisman, el principal impulsor de la acusación contra Irán, decidió denunciar a Cristina por encubrimiento. Pero donde el quiebre fue mayor, fue en los servicios de inteligencia. En diciembre, la Mandataria de los argentinos relevó a toda la cúpula de la Secretaría de Inteligencia (Side), y a Antonio Stiuso, que fue la mano derecha de Alberto Nisman en la investigación del caso AMIA, y el interlocutor en el país de la CIA y el Mossad israelí, desatando una lucha interna en el mundo del espionaje, preludio de los hechos trágicos de este año. La fragilidad del Gobierno La denuncia de Nisman y su muerte violenta abrieron una crisis política de enormes proporciones y colocaron al gobierno de Cristina Kirchner a la defensiva. La Presidenta ensayó distintas teorías y sospechas sobre la muerte del Fiscal, desde el suicidio hasta el asesinato, nunca dio sus condolencias a la familia, e intentó mantener la agenda política como si nada hubiera sucedido. El próximo miércoles se llevará a cabo la Marcha del Silencio, convocada por los fiscales compañeros de Nisman a un mes de su muerte, a la cual se han adherido numerosas organizaciones y políticos opositores y que promete ser masiva. El Gobierno ha salido a atacar la marcha, considerándola desestabilizadora. A menos de un año para finalizar su mandato, la Presidenta argentina enfrenta una trama de espionaje y denuncias judiciales que marcan el ocaso de su poder. Claves del caso El 18 de julio de 1994, a las 9:53 a.m., un coche bomba explotó en la mutual judía AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas en un barrio judío en el centro de Buenos Aires. Hubo 85 muertos y 300 heridos. Dos años antes, el 17 de marzo de 1992, otro atentado destruyó la embajada de Israel en Argentina, con 29 muertos y 200 heridos. Ambos ataques ocurrieron durante el gobierno de Carlos Menem, un musulmán descendiente de sirios, convertido al catolicismo. Desde 1994 hasta 2003, el caso lo tuvo el exjuez Juan José Galeano, destituido por irregularidades. En 2001 empezó un primer juicio a una decena de policías y al revendedor de autos robados Carlos Telleldín, acusado de entregar la camioneta usada como coche bomba. Tres años después, el tribunal declaró nulo el proceso y los absolvió. Telleldín, pagado por Galeano para imputar a los policías, volvió a ser imputado y espera nuevo juicio oral. Para el segundo semestre de 2015 se espera otro juicio por encubrimiento contra Menem y el extitular de la DAIA Rubén Beraja, entre otros acusados. En 2006, el fiscal Alberto Nisman responsabilizó al Gobierno de Irán y al grupo Hezbollah. Imputó a ocho iraníes, entre ellos el exministro de Defensa Ahmad Vahidi y el expresidente Alí Rafsanjani. En 2013, Irán y Argentina firman un memorando para que una comisión de expertos extranjeros aclare los atentados. Tras el fracaso del juicio de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner nombró a Alberto Nisman titular de una fiscalía especial para investigar el atentado. El pasado 14 de enero, Nisman presentó una denuncia acusando a la Presidenta y a su canciller de encubrir a los iraníes acusados. El 18 de enero, el fiscal fue hallado muerto en su apartamento, la víspera de ampliar su denuncia en el Congreso. Se investiga su “muerte dudosa”.

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