Los cinco objetivos clave de la Constituyente de Maduro

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela celebró este sábado su primera sesión con "poderes plenipontenciarios" para reordenar el Estado. tras más de tres meses de crisis social, política, económica e institucional.

El Gobierno de Nicolás Maduro dice que con este mecanismo promoverá la paz, blindará las misiones chavistas, castigará la impunidad y fortalecerá la democracia. Mientras oposición insiste en que el Presidente quiere la perpetuidad.

Estas son los cinco objetivos que estaría persiguiendo Nicolás Maduro con la Constituyente, que dejó este sábado como primera acción mediática la destitución de la fiscal general Luisa Ortega, una de las voces más críticas al interior del chavismo.

La cifra de muertos en Venezuela por cuenta de los enfrentamientos entre los seguidores y detractores del gobierno de Nicolás Maduro superó los cien desde hace varias semanas.

Justamente esa fue una de las razones que esgrimió el Presidente del vecino país cuando anunció la Asamblea Nacional Constituyente para modificar algunos aspectos de la actual Constitución Política de 1999.
“Yo convoco al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República”, dijo Maduro en su momento.

Luego, precisó que la principal razón era “ganar la paz y aislar a los violentos. Reafirmar los valores de la justicia, de la no impunidad”.

Y es que Ricardo León, director editorial de la Agencia Informativa El Silbón, asegura que los muertos no solo son opositores. Dice que en los 127 días de protestas han sido quemadas vivas 24 personas “por el solo hecho de ser chavistas”, que en el país se han hecho 25 Asambleas con la recién instalada, pero que esta es la segunda votada por el pueblo.

“Lo que aquí se pretende es construir y lograr la paz. Nosotros tenemos una avanzada terrorista, grupos armados haciéndole daño a los venezolanos comunes y corrientes, sin tener en cuenta su ideología. Se incendian centros de salud, han quemado 24 personas vivas. Esas son prácticas terroristas y paramilitares que se piensan erradicar con la Constituyente”, dice el líder de izquierda.

Pero María Corina Machado, líder de la oposición, sostiene que las 545 personas que fueron posesionadas el pasado viernes como asambleístas lo que están haciendo es sumir al país en el “totalitarismo”.
“Ya hemos denunciado el carácter dictatorial del régimen, alertamos de la profundización de su talante autoritario y de la inminencia de una crisis humanitaria, abogamos por una unidad de la nación toda para enfrentar” al Gobierno.

Pese a que la Constitución venezolana tiene un capítulo completo dedicado al sistema socioeconómico, que incluye la función del Estado en la economía y el sistema fiscal y monetario, el Gobierno considera que se debe dejar “dibujado e instalado un nuevo sistema económico pospetrolero explícito en su concepto, formas y mandatos constitucionales”.

Sin embargo, el exdiputado chavista José Albornoz sostiene que el Gobierno lo que quiere es tener mayor dominio del aparato productivo del país y calificó de “brutal” la dependencia que tiene el país con la producción petrolera.

“Más allá de las nacionalizaciones que se han hecho y que forman parte del Estado, creo que el Gobierno trata de controlar todo lo que tiene que ver con el mercado, tener mayor dominio sobre el aparato productivo”, precisó.

Aunque el diputado constituyente por el estado de Lara Julio Chávez dice que la reforma se hará para incrementar la producción, atacar la corrupción, “vicios propios del sistema capitalista, que han generado distorsiones en la economía”.

Así mismo, informó que su propuesta para la Constituyente será que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario tenga mayor poder de vigilancia a las transacciones que están haciendo bancos privados que toman esa referencia del llamado ‘dólar Cúcuta’ o ‘dólar terrorista’. “Desde Venezuela se pueden tomar acciones para hacer control, supervisión, inteligencia financiera”, precisó.

“Las misiones sociales le generaron a Venezuela mayor inclusión. Por ejemplo, desde que llegó la revolución, se pasó de 400.000 estudiantes beneficiados a siete millones. Ahora habrá más elementos sociales para que pueda llegar a más personas, incluso por qué no, internacionalizar la inclusión social en toda América”.

Así lo dice Ricardo León, director editorial de la Agencia Informativa El Silbón, quien precisa que antes de la revolución bolivariana que impulsó el fallecido presidente Hugo Chávez, la inversión social era de 4 %, pero ahora, es del 70 %; se construyeron 1,7 millones de viviendas en menos de quince años y la idea es llegar a tres millones de soluciones habitacionales para el 2019.

Por eso, explica, la importancia de que las misiones de vivienda, salud, educación, se eleven a rango constitucional para poder blindar los beneficios al pueblo.

El constituyente por el Distrito Capital, Juan Carlos Alemán, precisa que con los cambios en la Constitución lo que se espera es “más allá de establecer aspiraciones locales o sectoriales, satisfacer a la sociedad”.

Pero el exdiputado chavista José Albornoz, se mofa de esa explicación.
Asegura que todo hace parte de la preparación de un discurso que puede “encantar” a aquellos que no conocen de fondo el planteamiento del gobierno de Maduro, pero “los que conocemos todo esto sabemos que no tiene nada que ver con lo que están prometiendo. La Constitución como está tiene herramientas para lograr todo lo que se proponga”.

A su juicio, lo que falta es voluntad y capacidad para resolver los problemas que tienen sumido al país en una crisis. Pero primero, “hay que resolver las conductas de los políticos que hoy pretenden asumir o tener el control absoluto del Estado venezolano”.

“Vamos a emprender una guerra contra la impunidad, duras penas contra delitos como violación, el secuestro, homicidio y otros más. Vamos a poner nuevos elementos de una justicia severa y la lucha contra el terrorismo, porque aquí no aparece”.

Lo dijo el presidente Nicolás Maduro mientras alzaba una versión en miniatura de la Constitución Política de su país el 1 de mayo cuando convocó la Asamblea Nacional Constituyente. Aseguró que era una tarea “necesaria y bonita”.

Pablo Ortúzar, antropólogo chileno y director de Investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad, explica que la violencia y la delincuencia callejera en Venezuela “están fuera de control” (con 70,1 muertos por cada 100.000 habitantes). Es el segundo país del mundo con mayor tasa de homicidios, únicamente superado por Honduras.

Pero José Albornoz, exvicepresidente de la Asamblea Nacional de Diputados y ferviente chavista, asegura que la actual Carta Magna tiene herramientas suficientes para abordar cualquier problema relacionado con el narcotráfico, el homicidio, el secuestro, sin necesidad de hacer una modificación constitucional.

“Hubo momentos difíciles en el país donde se puso el hampa contra la pared, donde se resolvieron los problemas de seguridad y hoy lamentablemente no hay posibilidades de resolver nada desde el punto de vista jurídico porque se tergiversó todo al campo político electorero, porque ni siquiera es electoral. El Gobierno perdió el control absoluto de todo”, dice el exdiputado.

“Las misiones sociales le generaron a Venezuela mayor inclusión. Por ejemplo, desde que llegó la revolución, se pasó de 400.000 estudiantes beneficiados a siete millones. Ahora habrá más elementos sociales para que pueda llegar a más personas, incluso por qué no, internacionalizar la inclusión social en toda América”.

Así lo dice Ricardo León, director editorial de la Agencia Informativa El Silbón, quien precisa que antes de la revolución bolivariana que impulsó el fallecido presidente Hugo Chávez, la inversión social era de 4 %, pero ahora, es del 70 %; se construyeron 1,7 millones de viviendas en menos de quince años y la idea es llegar a tres millones de soluciones habitacionales para el 2019.

Por eso, explica, la importancia de que las misiones de vivienda, salud, educación, se eleven a rango constitucional para poder blindar los beneficios al pueblo.

El constituyente por el Distrito Capital, Juan Carlos Alemán, precisa que con los cambios en la Constitución lo que se espera es “más allá de establecer aspiraciones locales o sectoriales, satisfacer a la sociedad”.
Pero el exdiputado chavista José Albornoz, se mofa de esa explicación.
Asegura que todo hace parte de la preparación de un discurso que puede “encantar” a aquellos que no conocen de fondo el planteamiento del gobierno de Maduro, pero “los que conocemos todo esto sabemos que no tiene nada que ver con lo que están prometiendo. La Constitución como está tiene herramientas para lograr todo lo que se proponga”.

A su juicio, lo que falta es voluntad y capacidad para resolver los problemas que tienen sumido al país en una crisis. Pero primero, “hay que resolver las conductas de los políticos que hoy pretenden asumir o tener el control absoluto del Estado venezolano”.

“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”: Artículo 2 de los Principios Fundamentales de la Constitución Política de Venezuela.

Y aunque la palabra democracia aparece de manera reiterada a lo largo de los 350 artículos de la Carta Política, Ricardo León, director editorial de la Agencia Informativa El Silbón, comenta que la Constitución actual “no desglosa qué figura jurídica del poder popular de participación ciudadana es la que tiene el derecho participar en las elecciones”.

Considera que es un avance que el pensionado, la mujer, el indígena, el afro vayan a tener rango constitucional de participación en los procesos de elección desde Presidente hasta el nivel más mínimo, que es el consejo de planificación local.

“Allí se avanza en dar más rango a figuras que no aparecían en la Constitución”, sostiene León.

Sin embargo, José Albornoz, exdiputado chavista, asegura que eso es solo parte de un discurso: “Se acordarán de mi en dos años, cuando haya terminado el proceso constituyente, aquí no va a pasar nada ni habrá cambios en lo político ni en lo económico. A lo mejor estaremos en peores condiciones de las que estamos hoy”.

Mientras, desde Estados Unidos la Asamblea Nacional Constituyente podría significar el “fin de la democracia en Venezuela”.

Incluso, en la Casa Blanca se anunció a principios de semana que: “Estamos preparados para anunciar que cualquiera que decida unirse a la Asamblea a la hora de socavar los procesos democráticos y las instituciones de Venezuela se expondrá a posibles sanciones de Estados Unidos”.