Las autoridades venezolanas buscan a 23 personas por el asalto a base militar

Las autoridades venezolanas están tras la pista de 23 personas presuntamente implicadas en el asalto al fuerte Paramacay, una unidad militar ubicada en el litoral del país, informó hoy el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González.

El funcionario indicó que otras 18 personas ya fueron detenidas por estos hechos, entre ellos el excapitán de la Guardia Nacional Juan Caguaripano y el primer teniente del Ejército Yefferson García, aparentes líderes de esta operación ocurrida el pasado domingo y que se saldó con dos víctimas mortales.

González detalló que 6 militares desertores y "otros dados de baja" formaron parte del "acto terrorista" que terminó con el robo de armas de una unidad blindada, algunas de las cuales ya fueron recuperadas por las autoridades.

González remarcó que entre los detenidos hay militantes de la oposición política, exagentes militares y policiales, representantes de gremios e integrantes de la Iglesia. Casi todos naturales del estado Carabobo (centro norte), donde se produjeron los hechos.

Asimismo, anunció que el Estado venezolano por orden del Gobierno de Nicolás Maduro libró "órdenes de captura internacional" con solicitud de código rojo a Interpol contra nueve personas "por estar involucrados en actos que atentan contra la estabilidad y la paz la patria".

Entre esas personas están la periodista venezolana Patricia Poleo, los exdirigentes estudiantiles Nixon Moreno y Roderick Navarro, y varios hombres que formaron parte de los cuerpos de seguridad del país caribeño.

"Estos hechos guardan relación con la permanente acción delictiva de grupos opositores que pretenden el derrocamiento del Gobierno (...). Estamos seguros de que serán objeto de las acciones que se emprenderán para hacer justicia bajo la tutela de la Asamblea Nacional Constituyente y las nuevas autoridades del Ministerio Público", sostuvo González.

El jefe del Sebin agregó que se ordenó además el congelamiento de las cuentas bancarias de entidades supuestamente vinculadas con los "terroristas", entre ellas una empresa, una clínica privada y una hacienda, todas ubicadas en la región donde se concretó el asalto.