La prensa está bajo el asedio de los gobiernos

La persecución a los medios de comunicación por parte de gobiernos y autoridades judiciales en América Latina parece no cesar. Los casos más críticos se dan en los países donde el Ejecutivo es afín al socialismo. Argentina vive dura pelea.

La persecución a los medios de comunicación por parte de gobiernos y autoridades judiciales en América Latina parece no cesar, y por el contrario, los malos ejemplos se han venido imitando. Dos de los hechos más recientes se registraron esta semana en Venezuela y Argentina, mientras en Colombia también se cierne una amenaza contra la prensa. En Buenos Aires, a la manera de Hugo Chávez, la presidenta argentina, Cristina Kirchner, canceló la licencia de Fibertel, proveedor por cable de Internet. La compañía es propiedad de Cablevisión, que pertenece al Grupo Clarín, por lo que la medida ha sido interpretada como un paso más en la guerra personal de los Kirchner contra el diario y sus empresas.La medida beneficiaría a las dos compañías, Telecom y Telefónica, que prestan el servicio de Internet en el país. A fines de junio, Cablevisión tenía poco más de un millón de abonados (25% del mercado), detrás de Telefónica y Telecom, con 1,3 millones de abonados cada uno. Si Cablevisión desaparece, el millón de usuarios serían absorbidos por esas empresas. Dirigentes de la oposición denunciaron que la prohibición es un avance sobre la libertad de expresión. El diputado Óscar Aguad dijo que la decisión de terminar la licencia de Fibertel “forma parte de un ataque sistemático para restringir la libertad de expresión y el derecho a elegir el medio de información”.“Quieren dejar a la sociedad sin prensa libre”, dijo la diputada Elisa Carrió.La embestida contra Fibertel se suma a la ofensiva del Gobierno contra Papel Prensa, empresa que provee de papel a los periódicos del país, y que es propiedad de La Nación, Clarín y el Estado. Fiel a su estilo, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se presentó a la sede de la empresa con guantes de boxeo, retando a pelear a los gerentes. El enfrentamiento entre los accionistas mayoritarios y los Kirchner, amenaza con convertirse en un escándalo nacional, porque el Gobierno está sacando a la luz la forma como Clarín y La Nación compraron las acciones de la empresa, cuando, en plena dictadura militar, la propietaria, que estaba secuestrada, fue obligada a venderlas. La ofensiva sobre Papel Prensa es vista como un plan para controlar el principal insumo de la prensa escrita. “La decisión del Poder Ejecutivo de impedir que Cablevisión, empresa del Grupo Clarín, a quien el Gobierno acusa de ser el eje de la oposición, dé servicios de Internet a través de Fibertel, es una acción más del Ejecutivo contra dicho grupo”, dijo el analista Rosendo Fraga, del Centro para la Nueva Mayoría. “También lo son las denuncias contra la empresa Papel Prensa, que se intensificarán en los próximos días. Esta situación, asemeja el conflicto del Gobierno argentino por dominar a los medios privados, a la que tiene lugar en Venezuela”, agregó el analista.Censura en VenezuelaEl gobierno de Hugo Chávez en los últimos años la ha emprendido contra los medios de comunicación, especialmente a opositores. Los casos más críticos de ese acoso fueron el cierre de Radio Caracas Televisión, empresa a la que decidió no renovarle la licencia de operación en el 2007, y que también tuvo que suspender sus emisiones por cable este año.A ello se suma la persecución sistemática a la que ha sido sometida el canal Globovisión, principal medio de la oposición, cuyos accionistas principales, Guillermo Zuloaga y Nelson Mezerhane, salieron del país por temor a ser detenidos.En el último año, 30 emisoras han sido cerradas en Venezuela por el Gobierno.En junio, Chávez creó el Centro de Estudio Situacional de la Nación, cuya función es declarar de carácter reservado cualquier información que sea considerada “de interés nacional” por el propio Gobierno, que es vista como otra forma de censurar a la prensa. Esta semana, la víctima fue el periódico El Nacional, al cual un tribunal judicial le prohibió publicar durante un mes fotos y contenidos “violentos o agresivos”, como respuesta a una imagen en primera plana del diario con cadáveres de la morgue.La decisión se extendió a todos los medios, lo que generó protestas en el país y a nivel mundial y condujo al tribunal a reversar parcialmente la prohibición. Ahora, la misma sólo regirá para el diario Tal Cual, del opositor Teodoro Peckof.Sin embargo, el editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, aseguró que para ese diario como para todos los del país se mantiene la prohibición de publicar fotos sobre violencia, lo que, reiteró, “viola la Constitución y el derecho a la libertad de expresión”.Amenazas en Ecuador y Brasil El enfrentamiento entre el presidente Rafael Correa y sectores de la prensa en Ecuador ha dado lugar a quejas del periodismo sobre los intentos del Gobierno de controlar la libertad de expresión. El periódico El Comercio denunció que, desde junio del 2008 hasta abril del 2010, Fundamedios reportó 166 amenazas directas a las libertades de expresión y prensa en el país. En tanto en Brasil, el Octavo Congreso Brasileño de Diarios denunció que en el país hay sectores, incluso del propio Gobierno, que defienden sistemas de control de prensa como en Venezuela. “En el frente de la defensa de la libertad de expresión siempre hay discursos que, en alguna medida, buscan establecer el ‘control social de los medios’, a ejemplo de lo que infelizmente ocurre en países vecinos, como en Venezuela”, aseguró la presidenta de la Asociación Nacional de Diarios, Judith Brito.El caso de Colombia El viernes de esta semana se conoció el proyecto de ley que presentó en el Congreso de la República, la senadora del Partido de la U, Claudia Wilches, con el cual pretende que se imponga una censura parcial a los medios de comunicación que utilicen imágenes con alto contenido e impacto pornográfico y violento e información amarillista.La propuesta generó críticas por parte de directores de medios, organizaciones periodísticas y congresistas, que consideraron la iniciativa como un intento para censurar a la prensa.Wilches niega que el proyecto sea una censura, pero en el articulado del proyecto plantea unas categorías para medir el exceso que los medios tengan cuando publiquen imágenes de pornografía y violencia.Esta es la segunda vez que en Colombia se intenta promover una ley para censurar a los medios. En la legislatura pasada, la senadora Claudia Rodríguez presentó un proyecto similar, pero no pasó.BoliviaCuatro asociaciones periodísticas pidieron la urgente derogatoria de una parte de la Ley del Régimen Electoral, por considerar que viola la Constitución en materia de libertad de expresión, y rechazaron que los gobiernos autónomos departamentales elaboren normas que regulen la libertad de prensa, porque la única ley que reconocen para el sector periodístico es la Ley de Imprenta de 1925.Las cuatro organizaciones expresaron “su profunda preocupación y rechazo a las políticas de amedrentamiento y atemorización a la prensa y los periodistas ejecutadas desde diversos sectores del poder porque violan la libertad de expresión al generar una tendencia a la autocensura”.