La mala hora del presidente Enrique Peña Nieto

El Presidente mexicano tendrá que cambiar su agenda si quiere recuperar la gobernabilidad, tras los escándalos de las últimas semanas.

El sábado 1 de diciembre de 2012, cuando asumió la Presidencia de México, Enrique Peña Nieto ya sabía que aquello no iba a ser una luna de miel.El aroma a fraude que había rodeado su elección y hasta una marcha que horas antes precedió su arribo al Palacio Nacional hacían prever que iba a necesitar mucho más que su cara de ‘niño bonito’ para sacar adelante su proyecto político.Pero gracias a una sólida campaña de marketing y a los acuerdos que logró en torno a ‘Compromiso por México’ -la alianza que liderada por su Partido Revolucionario Institucional, PRI, lo llevó al poder- las cosas parecieron mejorar durante su primer año de gobierno.Dos hechos contundentes lo confirmaban: la aprobación en el Congreso de once reformas, sobre todo dirigidas a reestructurar los sectores energético y de telecomunicaciones, y los índices de popularidad del Mandatario, que según las encuestas, oscilaban entre 35 y 40 %.Pero detrás de aquellas victorias estaba el que tal vez era el mayor de los propósitos del mandato de Peña Nieto: impedir a toda costa que el tema de la violencia se apoderara de su agenda de gobierno, tal como le había sucedido a su antecesor Felipe Calderón. “Incluso, en su discurso sobre la inseguridad, si lo analizamos, no entraban las palabras delincuencia ni crimen organizado, tampoco hablaba de combatirlo, tema que les dejaba a sus colaboradores”, explica Ivonne Melgar, periodista y columnista política del diario mexicano Excelsior.Una estrategia que no se había agotado en un pacto con grupos políticos de izquierda y derecha, sino que había convocado hasta a los medios de comunicación aztecas, de cuyos discursos noticiosos desapareció literalmente la palabra “cartel” y las alusiones a las bandas criminales al servicio del narcotráfico.Pero ese propósito, según algunos legítimos, de que los mexicanos dejaran de pensar en violencia para ocuparse de temas energéticos e incluso educativos solo fue efectivo los primeros 667 días de gobierno. La desaparición de los 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, no solo se convertiría en una terrible pesadilla para sus familias sino también en el inicio del peor momento político para EPN, como algunos llaman en su país al Mandatario azteca.Uno de los principales indicadores de lo anterior es que un mes después de que, según se ha denunciado, los chicos fueran entregados por policías corruptos a sicarios del cartel Guerreros Unidos, quienes los habrían quemado y arrojado a un río, la popularidad de Peña Nieto ya había caído diez puntos, convirtiéndose en el nivel más bajo de los últimos trece años para un presidente mexicano.Triste confirmación de que, no solo por no mencionarla, la violencia había desaparecido de la cotidianidad de los mexicanos y de que el Presidente tendrá que cambiar drásticamente su agenda de gobierno, sino quiere que la espiral de protestas sociales y las denuncias por corrupción terminen por ahogarlo.Porque lo otro que bien callado tenía Peña Nieto eran los negocios de su esposa, la actriz Angélica Rivera, que explotaron justo cuando ambos subieron al avión que los llevaría a China y Australia, donde esta semana participaron de importantes cumbres económicas.El centro de la polémica esta vez fue la lujosa mansión, valorada en siete millones de dólares, que resultó ser propiedad de una firma que integra un consorcio encabezado por la compañía China Railway Construction Corporation, que el 3 de noviembre del 2013 obtuvo la licitación para construir el primer tren de alta velocidad en México y América Latina, a un costo de 3700 millones de dólares. Poco importó que EPN hubiese revocado la concesión, tras cuestionarse la transparencia del proceso, en el que ese consorcio fue el único postor. “Aunque la corrupción en México es endémica y toca todos los partidos políticos, en todos los sentidos, el problema de Peña Nieto es que es la primera vez que a un presidente en funciones se le acusa abiertamente de corrupción o se tienen dudas sobre su patrimonio”, sostiene Mauricio Suárez, director de Southernpulse México, firma norteamericana de análisis de riesgos para inversionistas. Aun así, varios analistas coindicen en que el ‘Niño bonito’ de Atlacomulco, donde nació hace 48 años el Mandatario azteca, difícilmente dejará el poder.En primer lugar, porque la Fiscalía General de México, que es la que debería investigar el caso, depende del Presidente “y al final de cuentas Peña no se va a dar un balazo en el pie”. Además, como dice Jorge Ramos, columnista de The New York Times Syndicate, “en México los presidentes no renuncian..., se quedan seis años en el poder, pase lo que pase”. Pero Ivonne Melgar destaca que el escándalo de la casona ya marcó internacionalmente para mal a Peña Nieto, a quien el Departamento de Estado de EE.UU. le dijo que “que hay que poner orden y que es riesgoso que las movilizaciones que se estén presentando linden con la guerrilla”. “Él puede enfrentar una relación difícil con la Casa Blanca después de esta coyuntura, lo que no había enfrentado ningún antecesor en los últimos 30 años”, añade.Pero la columnista del Excelsior ya no se está refiriendo únicamente a la muerte de los estudiantes o a las denuncias de corrupción. Está hablando del empoderamiento del narcotráfico en todas las esferas de la sociedad azteca y por la preferencia de EPN por los mercados asiáticos, como lo prueba el hecho de, pese a las fuertes críticas, no dejó de asistir a la Cumbre de la Apec en China.Es entonces cuando la economía, la ilegal de la droga, y la legal del petróleo y la energía, toman protagonismo frente al futuro del país azteca. Porque, todo hay que decirlo, nadie ha acusado al actual Mandatario de tener nexos con los narcos, pero es evidente que tampoco se ha esforzado por combatir el cogobierno de los ‘carteles’ en regiones como el convulsionado estado Guerrero.Lo suyo, en cambio, es representar los intereses de la clase empresarial que acompañó su campaña y siempre opta por la estabilidad del poder y no contrariar mucho a una amplia y cómoda clase media que en últimas sería la más dispuesta a seguir ‘comprando’ la imagen publicitaria de que EPN es un ‘niño bonito’ que sí sabe hacer política.Pero lo que en realidad puede amargarle la vida al Presidente azteca es la espiral de protestas sociales que, cada vez más numerosas y más beligerantes, hacen mayor presencia en Ciudad de México, al punto que esta semana un manifestante le prendió fuego a la puerta del emblemático Palacio Nacional.Porque no son solo los padres de los 43 estudiantes los que están marchando. Junto a ellos, que se sepa, van los maestros sindicalizados -movimiento que cada vez toma más fuerza-, universitarios y simpatizantes de la izquierda que quieren “abrirse una brecha rumbo al poder desde la protesta social”.Siendo así, como dijo el periodista León Krauze, “lo que se necesita ahora es exactamente lo contrario a una vacancia en Los Pinos (residencia de EPN). Lo que se requiere es un presidente fuerte que de una vez por todas le ponga el pecho al maridaje entre política y narcotráfico, que parece decidido a seguir imperando en México, sin importar que durante el gobierno anterior hayan muerto 80.000 compatriotas y aprovechando que el ‘niño bonito’ quería jugar, precisamente, a ignorar tan dolorosa realidad". La salida, un proceso 8000 De acuerdo con varios analistas, la solución más viable a la crisis social y política que vive México por cuenta de los profundos nexos que el narcotráfico ha logrado establecer con la clase política de varias regiones sería la implementación de un Proceso 8000 similar al colombiano.“En México no se ha hablado de ella, pero la narcopolítica es una realidad, con la diferencia de que en Colombia hay debates internos y un senador puede ir a la cárcel. De hecho, con el Proceso 8000 se metieron a la cárcel a periodistas, jueces, jugadores de fútbol, pero en México hasta hoy eso no ha sido posible”, sostiene Mauricio Suárez.Pero agrega que su país no tiene la solidez institucional ni política para hacerlo. “No hay la estructura necesaria, no hay una fiscalía independiente, no hay un fiscal de hierro, no hay jueces autónomos, no hay una policía investigadora sólida, entonces un proceso 8000 es la solución, pero no hay cómo hacerlo”.A su vez, la periodista Ivonne Melgar dice que la narcopolítica no es un asunto aislado de unos estados, sino que “incluso afecta al partido de izquierda e incluye la infiltración de los cuerpos policíacos y de algunos alcaldes y la omisión de gobernadores que no la han atendido”.De ahí que espera que la bandera del ‘Ya basta con esta clase política’ pronto tenga una oportunidad.