Investigan asesinato de un líder indígena en Venezuela

Sabino Romero, cacique yukpa, murió la noche del domingo en una carretera del estado de Zulia. El dirigente indígena "era permanentemente hostigado por funcionarios policiales", indicaron organizaciones de Defensa a los Derechos Humanos.

La Fiscalía General abrió una investigación por el homicidio de un dirigente de la etnia yukpa, conocido defensor de derechos humanos, que fue asesinado en el estado occidental de Zulia en un incidente en el que resultó herida su esposa, anunció este lunes el ministro de Comunicación Ernesto Villegas. El Ministerio Público acordó la apertura de un proceso y designó un fiscal nacional para investigar la muerte del cacique yukpa Sabino Romero, activo defensor de los derechos y tierras de su etnia, asesinado la noche del domingo en una carretera del estado Zulia cuando se trasladaba junto con su esposa, Luisa Martínez, para la elección de un cacique mayor, indicó Villegas en declaraciones ofrecidas en la televisión estatal.Romero, de 44 años, fue interceptado presuntamente por dos hombres que iban en una moto que efectuaron varios disparos que le ocasionaron la muerte e hirieron a su pareja, dijo la Fiscalía en un comunicado. El Ministro informó que las investigaciones están en marcha pero dejó entrever que uno de los móviles que se maneja en el caso es el sicariato, hecho que consideró como un "fenómeno terrible". "No podemos adelantar por supuesto hipótesis respecto a este hecho condenable, a este hecho repudiable desde todo punto de vista, pero en general coloca sobre el tapete una lucha por la justa distribución de la tierra", agregó. "Esto es parte una vez más de la violencia que pretende imperar esta derecha corrupta sobre los pueblos indígenas que tradicionalmente han ocupado estas tierras de manera ancestral para realizar y desarrollar su forma de vida y que de alguna otra forma han sido desplazados", dijo Reverol al dejar entrever la responsabilidad de sectores opositores en el asesinato del dirigente indígena. El ministro de Relaciones Interiores, general Néstor Reverol, dijo al canal estatal que un equipo de policías judiciales fue enviado desde Caracas al estado Zulia para apoyar a las autoridades regionales en las investigaciones sobre el "horrendo asesinato" de Romero. Por su parte, Liliana Ortega, fundadora de la organización no gubernamental Comité de Familiares y Víctimas del 27 de febrero de 1989, condenó el asesinato del lider indígena. "En Venezuela se ha venido desarrollando una creciente campaña de criminalización frente todo aquel líder social, defensor de derechos humanos, sindicalista... que tenga una posición crítica frente a políticas del Estado", señaló Ortega a AP.Lusbi Portillo, un activista y miembro de la organización Sociedad Homo et Natura, que defiende los derechos humanos de los pueblos indígenas, afirmó que a pesar de los casos de violencia que se han presentado contra los indígenas "no hay investigaciones, no hay detenidos".La organización local Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, Provea, exigió a las autoridades una investigación "expedita y transparente" para determinar la autoría intelectual y material del asesinato de Romero y denunció el domingo en un comunicado que el activista "había sufrido una constante criminalización por parte de las autoridades debido a su movilización en defensa de los derechos del pueblo yukpa". Foro por la Vida, una coalición de organizaciones de derechos humanos, exigió este lunes a las autoridades una "investigación imparcial, expedita, transparente y sin dilaciones de la autoría material e intelectual" del asesinato de Romero y pidió en un comunicado garantías de protección para la comunidad yukpa y para Portillo. "El cacique Romero ha sido reiteradamente criminalizado por las autoridades por su lucha en defensa de la tierra para las comunidades", denunció la coalición al solicitar al gobierno reanudar "sin dilaciones" el proceso de demarcación de territorios indígenas que está previsto en la constitución de 1999 pero que se ha demorado varios años. En el caso de la etnia yukpa sólo se ha demarcado 3% de su territorio, informó la coalición. En 2009 fue asesinado el padre del cacique muerto, José Romero. Entre los años 2010 y 2012 fueron asesinados otros yukpa y la etnia sostiene que en esos casos están involucrados "dueños de las haciendas", indicó el Foro por la Vida. La coalición señaló que el cadáver de Romero aún se mantiene en el lugar donde fue asesinado y que el pueblo indígena se opone a la intervención de la policía judicial "porque temen que se modifiquen las evidencias". A pesar de tener medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por las amenazas que había recibido, Romero no contaba con ningún tipo de seguridad del Estado. Situaciones similares han sufrido en los últimos años otros activistas venezolanos de derechos humanos que a pesar de tener medidas de protección de la CIDH no contaban con seguridad al momento de ser asesinados. La CIDH reportó en un informe de 2010 que Romero fue detenido temporalmente en octubre de 2009 en un fuerte militar y posteriormente llevado a un tribunal donde se le imputaron los delitos de homicidio, asociación para delinquir y robo de ganado, sin que se le permitiera el auxilio de un intérprete de su lengua, conforme a lo previsto en la legislación venezolana. La Comisión indicó que durante la detención temporal de Romero su esposa, su hija y el dirigente indígena denunciaron que fueron víctima de "continuos actos de hostigamiento sexual por parte de soldados... retrasos en la consulta médica, poca y mala alimentación, la eliminación de uno de los dos días de visita a los abogados defensores y la prohibición de salida del cuarto, incluso para firmar poderes legales". El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, precisó que durante 2012 seis indígenas yukpa fueron asesinados bajo la "modalidad del sicariato". Los yukpa habitan en el extremo suroeste del estado Zulia, en la parte de la sierra conocida como la Sierra de Perija.